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Política

A Sala proyecto sobre indemnización para víctimas del “estallido social”

La Comisión de Derechos Humanos despachó el segundo informe del proyecto de ley que establece una regulación especial para las víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte en el contexto de protestas sociales, el cual ahora será votado en particular por la Corporación.

La Comisión de Derechos Humanos analizó una serie de indicaciones que fueron presentadas a la moción que crea un procedimiento especial para indemnizaciones de personas con lesiones sufridas en el contexto de manifestaciones sociales en el denominado estallido social (boletín 13854), durante su aprobación en general en la Sala de la Cámara, el pasado 15 de junio.

Cabe recordar que el objetivo de esta iniciativa es “lograr que las víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte en el contexto del estallido social de octubre de 2019, accedan a un procedimiento judicial rápido y expedito”.

En la discusión del articulado, el grupo parlamentario decidió descartar todas las modificaciones planteadas, por lo que el texto mantuvo lo aprobado anteriormente.

Estos rechazos tuvieron distintas razones, tanto de forma como de fondo.

En primer lugar, respecto de la indicación sustitutiva presentada por el diputado Leopoldo Pérez (RN), la secretaría de la Comisión explicó que, cuando se presenta durante la discusión en particular, modificando la totalidad del texto, se afecta lo ya aprobado anteriormente en su discusión en general; razón por la que no fue votada.

Esta proponía, entre otros puntos, que para acceder a este procedimiento se requería contar con una sentencia condenatoria firme y ejecutoriada que determine la responsabilidad penal de un agente estatal en los delitos de lesiones, tortura y muerte; y, por otra parte, que los agentes del Estado cuyas denuncias penales fueran descartadas en sede judicial, también podrían perseguir la responsabilidad civil del Estado.

Ampliar universo de víctimas

Posteriormente, el grupo parlamentario analizó la indicación del diputado Sebastián Torrealba (RN). Este propuso ampliar el grupo de víctimas que podían ser parte de este procedimiento reparatorio, para incorporar a quienes se hubieran visto afectados en su integridad física o síquica, producto de su residencia ininterrumpida en las áreas o zonas de la ciudad que, permanentemente, hubiesen sido vandalizadas durante las manifestaciones.

La Comisión declaró esta propuesta inadmisible, por siete votos a favor y cinco en contra.

Durante la discusión surgió, una vez más, la interpretación sobre lo que se entiende por violación a los derechos humanos. Los parlamentarios de oposición, como el diputado Tucapel Jiménez (PPD), recalcaron que estas violaciones son las cometidas por agentes del Estado. Si bien consideraron que estos vecinos afectados también son víctimas, los legisladores plantearon que sus casos deberían ser incluidos en otra iniciativa de ley.

Mientras, el diputado Diego Schalper (RN) consideró que este nuevo grupo de personas sí está dentro del objeto de la ley que es establecer la responsabilidad del Estado respecto de víctimas de lesiones físicas y síquicas.

Finalmente, y con la misma votación, la instancia rechazó un bloque de indicaciones presentadas por el diputado Sergio Bobadilla (UDI). Estas postulaban considerar como víctimas a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad que hubiesen sufrido daños en el ejercicio de sus funciones; y a las personas amedrentadas, violentadas o privadas del uso y goce de sus bienes, especialmente, en la región de La Araucanía.

El diputado Boris Barrera (PC) informará el proyecto que pasa nuevamente a la Sala de la Cámara.

 

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