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Andrés Longton 8f7c613ca6_c

Política

Cámara expresó su preocupación por la política migratoria impulsada por el Gobierno

Por 83 votos a favor, 48 en contra y 11 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó el acuerdo 8. Por medio de este, se manifiesta la preocupación por la política migratoria impulsada por el Gobierno. Además, sugiere que ella se suscribirla dentro del marco de la Ley 21.325, de migración y extranjería.

En el texto se recuerda que la citada ley estableció la obligación de un decreto supremo que definiera la nómina de subcategorías de permanencia temporal. Esto se concretó el 14 de mayo de este año, con el decreto 177, del Ministerio del Interior.

Dicho documento, se explica, establece como norma general que personas con permisos de permanencia transitorios (conocidos como turistas) pueden solicitar el permiso de residencia dentro del país.

La consecuencia de ello, se agrega, es establecer de facto un derecho subjetivo para el extranjero titular de permanencia transitoria. Esto, porque puede solicitar el cambio de estatus migratorio, sin hacer previamente abandono del país.

Distanciamiendo de la ley

Para las y los diputados autores del acuerdo, la norma contrasta con la propia Ley 21.325. Lo anterior, dado que se señala en ella, expresamente, que tal categoría no podrá postular a residencia. La salvedad es el cumplimiento de ciertos requisitos específicos. Entre ellos está el acreditar vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos. También, aquellos cuya estadía sea concordante con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería. O, por último, casos debidamente calificados por la Subsecretaría del Interior mediante resolución, previo informe del Servicio.

El acuerdo, asimismo, sostiene que la disposición del decreto contraviene la voluntad del legislador. Esto, dado que se negó durante el trámite legislativo de la ley la opción de un eventual “turismo laboral”. Tampoco se entregaron facultades a la autoridad administrativa para otorgar permisos de residencia de manera autónoma.

Se critica, por otra parte, que la norma permite, incluso, solicitar residencia a personas con prohibición de ingreso a Chile.

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