Pablo Donoso, candidato constituyente por el Distrito 7: “La nueva Constitución debe establecer obligaciones para el Estado en cuanto a promover y proteger un medio ambiente sano”

Pablo Donoso es abogado ambientalista, magíster en Derecho Ambiental, diplomado en Salud y Derechos Humanos; ha sido asesor en comunidades indígenas coya, mapuche y aymaras; es consultor jurídico del movimiento socioambiental Ojos de Mar, que, entre otras cosas, lucha por proteger los humedales de San Antonio. Además es fundador de la ONG VIDA y es activista en la prevención del VIH. 

Por Verónica Marinao – Periodista.

La campaña electoral de Pablo Donoso (42 años), candidato a la constituyente por el Distrito 7 (región de Valparaíso), no generará residuos. Las tarjetas que reparte cuando sale a terreno son pequeñas y vienen con un código QR para escanear y así saber más de su propuesta. Esas tarjetas se convertirán en orejitas de oso y peonias porque son hechas con papel semilla. Además, todos los materiales que se utilicen en la creación de carteles y pancartas, ya tienen comprometido un segundo uso. 

No podría ser de otra manera.  

Para este abogado ambientalista es esencial que la Constitución se escriba desde una mirada ecológica que, entre otras cosas, vele por un desarrollo sustentable y una economía circular. De esa forma, dice, se logrará una mayor equidad social. 

Su interés por el tema ambiental surgió desde temprana edad y su activismo ecológico partió en Valdivia, frente a la muerte de cisnes de cuello negro producto de la contaminación –por una industria de celulosa- del humedal donde vivían. 

Desde entonces ha participado como activista y como asesor jurídico ambiental en proyectos como Pascualama, Alto Maipo y Aguas Libres de Rupanco, entre otras. En los últimos años, desde su expertise como abogado, su trabajo se ha concentrado en la Quinta Región, junto a organizaciones medioambientales, sociales, vecinales y comunidades de pueblos originarios. Desde esas bases esta candidatura. 

Además, Pablo Donoso fue cofundador de la ONG VIHDA, hoy llamada simplemente VIDA, que nació como una iniciativa centrada en la prevención del VIH; en el acompañamiento de salud mental y en apoyo jurídico desde la perspectiva de derechos humanos a personas seropositivas. 

–¿Por qué es tan importante construir una constitución con enfoque ecológico? 

–Primero, porque así lo pide la sociedad chilena desde sus bases. Una constitución con enfoque ecológico es fundamental frente a la situación ambiental crítica que vive el planeta y los movimientos y demandas que experimenta la sociedad. 

Cuando desde la norma fundamental que debe inspirar al resto de la legislación, protegemos la naturaleza y la relación de las personas con ella y con la economía, estamos cuidando la vida, promoviendo prácticamente todos los derechos humanos y deconstruyendo el modelo extractivista y lineal que ha demostrado su fracaso, por un desarrollo sustentable y una economía circular, que permita una mayor equidad, y que las futuras generaciones puedan disfrutar de la Tierra, como nosotros aún lo podemos hacer. A la vez, mediante un enfoque ecológico o ecosistémico, se buscará establecer un orden armónico entre los derechos fundamentales, los elementos que componen a la sociedad, al Estado, los territorios y al medioambiente, propendiendo a transformar las diversidades en oportunidades y no en desigualdad, y a una descentralización que permita el desarrollo local en base a la plurinacionalidad, los bienes comunes y culturas de cada territorio, fortaleciendo el tejido social del país y la democracia ambiental.  

Además, concretamente deberá establecer obligaciones para el Estado en cuanto a promover y proteger un medio ambiente sano, un derecho humano al agua, la acción climática y la preservación de la biodiversidad. 

–¿En qué países existe una constitución que tenga esta mirada? 

–Existen más de 30 constituciones en el mundo que tienen una mirada ambiental o ecológica. Sin embargo en Latinoamérica resultan especialmente interesantes las de Bolivia y Ecuador, en cuanto recogen la cosmovisión de sus pueblos originarios, generalizada en los del Abya Yala, consagrando los derechos de la naturaleza desde una mira eco céntrica y, a la vez, los derechos de las personas a un buen vivir y el derecho a un medio ambiente sano, lo que da una integridad a esa hoja de ruta hacia un equilibrio en la relación inalienable entre el humano y la Tierra. Lamentablemente, muchas veces esta normativa fundamental no es respetada, lo que nos llevará en Chile, a partir de  estas experiencias comparadas, a establecer medios efectivos de protección a los derechos ambientales constitucionales.  

–¿Cómo se puede resolver el conflicto del agua en la constitución?  

–En el actual contexto de cambio climático, en que gran parte del territorio se encuentra afectado por una mega sequía y donde la lógica de desarrollo basada en una economía extractivista no asegura que la población pueda satisfacer las necesidades básicas asociadas al agua, resulta esencial entender que el agua debe tratarse como un bien social y cultural, no fundamentalmente como un bien económico, y que su disponibilidad, calidad y accesibilidad tiene que ser asegurada por el Estado para todas y todos, sin ningún tipo de discriminación. Por tanto, es primordial establecer un Derecho Humano al Agua, hoy supeditado a la propiedad privada, que derive en una nueva legislación que asegure este bien común imprescindible para la subsistencia humana, la salud, la soberanía alimentaria y el desarrollo equitativo de los territorios. 

–Cuéntanos del trabajo que has realizado en el país. 

–Junto al equipo de la ONG VIHDA, rebautizada como VIDA desde que se amplió a temas de sostenibilidad, hemos tenido la suerte de recorrer Chile de norte a sur, trabajando en temas de salud, como en la educación, testeo y prevención de VIH, salud mental y reproductiva, así como en derecho indígena y ambiental, en la defensa de humedales y prestando asesoría jurídica a personas vulnerables, en temas laborales, de género, migración, diversidades y no discriminación, con pueblos originarios, jóvenes, minorías sexuales y comunidades amenazadas por la destrucción de su patrimonio natural y cultural. Ha sido un trabajo bello y diverso, en el cual he aprendido muchísimo. 

–¿Qué trabajo has hecho con comunidades indígenas?

–He trabajado con distintos pueblos originarios en temas de salud y derecho. Con comunidades aymara en el valle de Lluta trabajé en educación sexual con incidencia cultural y presté asesoría en temas ambientales en Visviri por un problema de contaminación de aguas provenientes de la actividad minera en Perú. He realizado educación en derecho indígena y ambiental a comunidades diaguitas, collas y mapuche en distintas regiones de Chile; también he tenido la suerte de prestar apoyos a la comunidad Selk´nam que se encuentra luchando por sus reivindicaciones y reconocimiento legal. En La Pintana y San Antonio, presto apoyo constante en temas de salud y ambientales a las rukas Kiñe Pu Liwen y Calaucán. 

También soy asesor técnico y coordinador del colectivo de líderes indígenas de América “Minga Indígena” para la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la Cumbre Social por el Clima, con quienes viajamos a la COP25 en Madrid y estamos ya planificando la participación en la COP26 en Escocia. 

–Asesoraste a comunidades indígenas en temas que conoces. Pero me gustaría saber qué aprendiste tú de esas comunidades. 

–Una de las cosas más fascinantes de trabajar junto a pueblos originarios es siempre aprendo muchísimo. Lo primero, es el respeto y conocimiento mutuo, e ir convirtiendo las diferencias en riquezas. Su sabiduría, cosmovisión y relación directa con la naturaleza es una hoja de ruta para una visión ecológica de la realidad. Muchos de los paradigmas ambientales y discursos que hoy se construyen en el norte global en relación a sustentabilidad, sostenibilidad y buen vivir, que parecen casi novedad en el mundo “desarrollado”, existen con absoluta claridad desde tiempos inmemoriales en el patrimonio cultural de los pueblos y naciones originarias de América del Sur. El conocimiento que hay ahí es infinito. 

–Claro, el mundo indígena comprende mucho mejor el tema ecológico 

–Lo lleva en sus genes, viene de la sabiduría de los ancestros. Lo comprende cada día en cada manifestación de la naturaleza, la conexión es constante. 

–Cuál es el  impacto medioambiental que ha provocado la pandemia 

–Creo que ha tenido impactos positivos y negativos en lo medio ambiental. Los positivos tienen que ver con una cierta desaceleración de algunos sectores productivos o cierta baja en las emisiones de gases de efecto invernadero. Las ciudades han gozado de un aire un poco más limpio, menos ruido y vibraciones o menos congestión producto de las cuarentenas, también con una disminución de la presión antrópica en espacios naturales como el mar y la montaña. 

Lo negativo creo que los podremos medir mejor con el tiempo, pero claramente dicen relación con generación de basura, la afectación en las formas de vida y daños en la salud mental de la población. 

–Eres asesor jurídico y organizacional al Movimiento Socioambiental Ojos de Mar que protege el territorio de San Antonio ¿Cuál es tu labor específica ahí?  

–Soy el abogado que encabeza el curso jurídico de la conservación del humedal Ojos de Mar, de la playa de Llolleo y la protección del territorio que se está viendo directamente afectado por el proyecto de expansión portuaria, como por ejemplo la población San Pedro, el sector San Juan o el parque Dyr. Soy a veces vocero y parte de la dirección política del movimiento frente a los organismos del Estado, las demás organizaciones y la empresa portuaria. En este ámbito no sólo trabajo en oposición a este proyecto que pretende convertir en zona de sacrificio a San Antonio, sino que, junto al equipo, elaboro estrategias de proposición de un modelo económico alternativo, local y sustentable para el territorio, fortaleciendo el tejido social en vinculación con otros temas ambientales de la provincia y la cuenca del Maipo, y comprometiendo a las futuras autoridades locales con la conservación y puesta en valor del patrimonio ambiental y cultural. 

En este sentido, además del trabajo educativo de bases, la difusión del conflicto y de impulsar el pensamiento ambiental y ecológico, trabajo en el Sistema de Estudio de Impacto Ambiental. Con ello hasta el momento en el término anticipado de la evaluación del proyecto IRE (Índice de Riesgo Ecológico) y en el proceso de participación ciudadana PAC, junto al impulso de la Consulta Indígena. Además, en la declaratoria de Humedal Urbano de los Ojos de Mar y la playa de Llolleo, para darles protección oficial, entre otros. 

A partir de este trabajo, organizaciones del territorio me solicitan ser su representante ante la Convención Constitucional. 

–¿Cuál es la situación actual de los humedales de San Antonio? 

–En específico Ojos de Mar es un humedal costero parte de la red de humedales del Pacífico, compuesto por tres lagunas de agua dulce de unas 22 hectáreas en total, más un sistema de dunas que albergan 102 especies de aves, 46 de flora, más algunos mamíferos, peces y reptiles. Es lugar de anidación de aves, de alimentación y también de descanso de migratorias que viajan desde el hemisferio norte al Chile austral. Además, posee un gran valor para los habitantes del territorio al tener una fuerte relación con este último espacio natural y la última playa de la comuna, y es lugar de conexión espiritual y ceremonial de los pueblos originarios de la zona. Hoy en día está en riesgo de ser cubierto de cemento completamente, ya que el proyecto Puerto Exterior de San Antonio planifica construir ahí un centro logístico y un estacionamiento para camiones, dejando a la ciudad encerrada, sin salida al mar, sin su patrimonio natural y cultural relacionado, convertida en una nueva zona de sacrificio. 

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Entrevista de la periodista Verónica Marinao