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Hacienda postergó votación de proyecto sobre derechos de las personas en el espectro autista

“Velar, garantizar, promover y proteger, en igualdad de condiciones, la inclusión social de las personas en el espectro autista” es el objetivo del proyecto que analizó la Comisión de Hacienda en su segunda sesión de la presente legislatura.

El grupo recibió a la titular de la Dirección de Presupuestos, Javiera Martínez, quien explicó que presentarán un nuevo informe financiero sustitutivo. Esto, ya que necesitan revisar las cifras comprometidas por el Gobierno anterior.

La idea, según explicó, es entregar un informe más fidedigno al articulado por los cambios que se hicieron al proyecto. Principalmente, precisó, en lo relacionado a la transitoriedad, cobertura y efectividad de la oferta.

La personera agregó que la propuesta no fue parte del traspaso de iniciativas desde la administración anterior. Debido a ello, no está en la programación de 2022. En tal plano, dijo que se debe resguardar que los recursos tengan contrapartida en las respectivas partidas presupuestarias y lograr que este financiado. En todo caso, Martínez comprometió que el informe financiero será entregado, como plazo máximo, el 28 de marzo.

Cabe recordar, que la iniciativa originada en mociones de diputadas/os se tramitó desde junio de 2021 en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Y, recién en marzo de 2022, el Gobierno de Sebastián Piñera presentó una indicación sustitutiva que fue respaldada por los integrantes de dicha instancia.

En esa oportunidad, se contempló un presupuesto de 48.500 millones de pesos para la implementación de la normativa, en el primer año, y de 90 mil millones, en régimen.

Debate

Comisión de Hacienda

Las diputadas Francesca Muñoz (RN) y Carolina Marzán (PPD), dos de las autoras del proyecto, plantearon la urgencia de aprobarlo para ir en beneficio de las personas en el espectro autista y sus familias. Además, llamaron a que se adelante su implementación, de 2 años a un plazo menor (tema que apoyó la comisión técnica).

Las y los parlamentarios de Hacienda apoyaron, en forma transversal, avanzar en una norma que consagre los derechos de las personas del espectro autista. Sin embargo, reconocieron la dificultad que se presenta por el traspaso de autoridades y sus competencias. Así, en su mayoría, consideró responsable que la iniciativa sea estudiada en detalle por el Ministerio de Hacienda.

Aspectos del proyecto

Niña autista

El texto define que se entenderá por persona en el espectro autista. Esta apunta a quien presenta una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico que se manifiesta en afectaciones en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social al interactuar con los diferentes entornos. Igualmente, se caracteriza por la presencia de intereses intensos y repetitivos, adherencia a rutinas y conductas.

En todo caso, deja de manifiesto que dicha condición deberá contar con un diagnóstico médico para los efectos de esta ley.

En ese especto, solo se considerará como discapacidad cuando genere un impacto funcional significativo en la persona. Este podrá manifestarse a nivel familiar, social, educativo, ocupacional o de otras áreas. Para ello, se exige la certificación respectiva, de acuerdo a las normas de la Ley de Discapacidad.

Por otra parte, esta normativa busca considerar el autismo no como una patología. Por el contrario, promueve que sea entendida como parte de la expresión de la diversidad humana.

Deber del Estado

El Estado promoverá el desarrollo de acciones de protección, recuperación, rehabilitación y habilitación a las que podrán acceder las personas en el espectro autista debidamente diagnosticadas. Dichas acciones deben otorgarse en forma oportuna, sin discriminación y por un equipo interdisciplinario, de acuerdo a sus necesidades específicas.

En esa línea, se consideran derechos en sus atenciones de salud y en el ámbito educativo, así como al acceso a programas que fortalezcan su inclusión social y laboral.

De igual modo, el Estado adoptará las medidas para prevenir y sancionar situaciones de violencia, abuso y discriminación de que puedan ser víctimas.

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