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Política

Delitos económicos: avanza proyecto que aumenta penas

Perfeccionar los tipos penales y dotar de mayores herramientas investigativas al Ministerio Público, son los principales objetivos de la moción que aumenta las penas de los delitos económicos y que fue aprobada en general por la Sala del Senado.

Ahora corresponde que el proyecto, que tuvo su origen en una moción de la senadora Ximena Rincón y el ex senador Felipe Harboe, sea estudiada en particular para lo cual fue remitida a la Comisión de Constitución.

En lo fundamental, se plantea perfeccionarlos los tipos penales y dotar de mayores herramientas investigativas al Ministerio Público para enfrentar de manera eficaz este tipo de delitos. Para ello se plantea enfocar la regulación en dos ámbitos: en primer lugar, dando una respuesta enérgica ante los abusos económicos que lesionan el bien jurídico tutelado y donde las víctimas están indefensas; y en segundo lugar, eliminando espacios de impunidad y de inequidad en la persecución penal.

PROPUESTA

Durante el debate los senadores Pedro Araya, Ximena Rincón y Luz Ebensperger dieron a conocer los principales puntos de la iniciativa.

El proyecto incorpora, dentro de la escala de penas contempladas en el Código Penal respecto de simples delitos, la pena de «Inhabilitación especial temporal para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador a cualquier título de una sociedad o entidad sometida a fiscalización de una Superintendencia o de la Comisión para el Mercado Financiero».

Aumenta en un grado las penas aplicables a los delitos de corrupción entre particulares, en los casos que éstos tengan las características de especialmente graves.

Aumenta en un grado la pena privativa de libertad respecto de quien cometiere fraude en la gestión de patrimonio del Estado o fondos de pensiones.

Incorpora las figuras de agente encubierto y agente revelador, cuando se trate de la investigación de delitos respecto de los cuales se encuentra autorizada la aplicación de las técnicas especiales.

Endurece las penas aplicables a las distintas categorías de delitos previstos en la Ley de Valores; incrementa las penas respecto de las personas que vulneraran el deber de reserva de la información que les proporcione la Comisión para el Mercado Financiero, respecto de las instituciones fiscalizadas por ésta y aumenta las penas aplicables a la violación del secreto bancario.

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