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Nuevo revés judicial del gobierno en licitación del litio a transnacionales: Corte de Copiapó no acoge recursos presentados por Ministerio de Minería

Un nuevo revés ha tenido el Ministerio de Minería en la irregular licitación y adjudicación a transnacionales para la explotación del litio, ya que la Corte de Apelaciones de Copiapó no acogió sus recursos de reposición para declarar inadmisibilidad del proceso y dejar sin efecto orden de no innovar de acuerdo a acción de protección de comunidades y organizaciones de pueblos originarios.

Continúa adelante el recurso de protección de comunidades y pueblos originarios luego de una batería judicial interpuesta por el gobierno de Sebastián Piñera a través del Ministerio de Energía que busca a toda costa destrabar la paralizada licitación y adjudicación del litio.

Corte de Apelaciones de Copiapó, resolvió «No ha lugar» los recursos de reposición presentados por el gobierno, continuando de esta forma con el proceso, sellado así el 21 de enero, sumando el gobierno un nuevo revés judicial.

Las desesperadas acciones del gobierno, han sido interpuestos por María Luisa Baltra Vergara, en calidad de Subsecretaria de Minería (S). uno de los recursos, en contra de la resolución de fecha 14 de enero de 2022, por medio de la cual la corte de Copiapó declaró admisible el recurso de protección de autos a favor de comunidades indígenas, era para que «lo enmiende«, y en definitiva declarase que el presente recurso es inadmisible, por haber sido presentado extemporáneamente, resaltando el gobierno que «la afectación de los derechos de aquellos terceros que resultaron adjudicatarios en este proceso licitatorio».

La otra acción que fue presentada por el gobierno, en contra del recurso acogido y la concesión de no innovar, paralizando el proceso licitatorio a cargo del Ministerio de Mineríarequiriendo a la Corte que se alce dicha orden, «sin perjuicio de la decisión de fondo que se adopte al respecto acerca del recurso de protección», indicaba la subsecretaria Beltran.

La estrategia del recurso había sido destacada días previos por el Diario La Segunda, insistiendo el Ministro Juan Carlos Jobet, que la licitación «no afecta a comunidades porque no se han definido zonas geográficas», lo que es contravenido tajantemente desde los argumentos de comunidades de Pueblos Indígenas, cuyas posiciones tendrán que enfrentarse en los respectivos alegatos judiciales.

El recurso de comunidades y organizaciones de Pueblos Originarios

El 14 de enero, la Corte de Apelaciones de Copiapó acogió a trámite un recurso de protección, ingresado por representantes de comunidades y organizaciones de pueblos originarios decretando orden de no innovar con respecto a la adjudicación para la explotación del litio.

Una de las comunidades directamente afectadas en su territorio ancestral por esta licitación y futuras amenazas de explotación, es la comunidad indígena Colla Pai Ote, representada en el recurso por su presidenta, Ercilia Araya Altamirano. También acompañan la acción de protección, Ariel León Bacián, Aymara – Quechua; Nancy Piñones, presidenta de la Comunidad Indígena Aymara Elba Sanjinés Huara; Esteban Araya Toroco, Likan Antai o Atacameño, presidente de la Asociación indígena de agricultores Lay Lay de Calama; Verónica Henríquez Antimanqui, presidenta de la  Asociación Futa Trawun de Paillaco; y, el dirigente Rapa Nui, Rafael Tuki Tepano.

Cabe señalar, que el gobierno de Piñera a través del Ministerio de Minería, abrió una convocatoria el 13 de octubre de 2021, que «busca adjudicar contratos especiales de operación para explorar y producir 400.000 toneladas de litio metálico comercializable, divididas en cinco cuotas de 80.000 toneladas cada una».  El 12 de enero adjudicó a dos empresas transnacionales, como parte de la explotación que se pretende.

Parte de los derechos indígenas vulnerados o amenazados que describen en la acción de protección, son: A la propiedad, al medio ambiente, al trabajo y la seguridad social, al manejo de los recursos naturales, entre otros.

Por otro lado, en cuanto a la consulta indígena, se indica que este es un mecanismo motivado precisamente en el derecho a la igualdad, como medida de discriminación positiva y que en el caso de la licitación y adjudicación del litio, no se ha cumplido, señalándose que la licitación del litio impone un plan de desarrollo en los territorios indígenas que no ha sido consultado ni consentido por los pueblos.

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