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Amnistía Internacional realizó un lapidario informe sobre el Gobierno de Piñera

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UN GOBIERNO QUE NO ESCUCHA,
UNA CRISIS QUE PERSISTE

Estamos enfrentando tiempos extraordinarios para Chile y para el mundo. Tiempos que han
mostrado que “hacer las cosas como siempre” ya no sirve. Las profundas desigualdades, la
pandemia, el cambio climático, lo han hecho evidente.
Desde octubre de 2019 hasta ahora, a Chile le ha tocado vivir dos crisis seguidas: una de
derechos humanos y una sanitaria por el Covid-19.
La crisis de derechos humanos, que se inició con el estallido social, dejó a miles de personas
heridas por agentes del Estado y una sociedad dolida. Las personas, en su gran mayoría, no
salieron a las calles a destruir, sino todo lo contrario: a plantear la necesidad de construir un
Chile distinto. Pero lo que recibieron de vuelta fue de las peores represiones policiales que se
ha vivido hasta ahora, y que trajeron de vuelta la memoria de la dictadura.
La crisis sanitaria, con el inicio de la pandemia en marzo de 2020, dejó en evidencia las mismas
desigualdades por las cuales la ciudadanía estaba protestando. Pudimos constatar, por ejemplo,
cómo trabajadoras y trabajadores de la salud de centros públicos de salud vivieron y siguen
viviendo duras realidades, que no han tenido que vivir quienes trabajan en clínicas privadas.
La sociedad chilena ya venía malherida con la violencia que recibió del Estado durante el
estallido social, y ahora debió enfrentarse a un Estado que les deja poco margen para cuidarse
frente a la pandemia. Quedarse en casa, cuidarse y vivir una cuarentena en buenas condiciones
se volvió un privilegio más.
Tiempos extraordinarios requieren liderazgos extraordinarios. Pero en muy pocos lugares del
mundo, estos liderazgos extraordinarios provinieron de quienes detentan el poder o de quienes
tienen los recursos y el dinero. En casi todas partes, los liderazgos extraordinarios provinieron
de personas “comunes y corrientes” que necesitaron hacer algo para sobrevivir con un mínimo
de dignidad.

En Chile, durante el estallido social vimos el enorme despliegue de observadores de derechos
humanos de la sociedad civil, grupos que se organizaron para atender jurídicamente a las
víctimas de violaciones de derechos humanos, brigadas de salud voluntarias para atender a las
víctimas en terreno, audiovisualistas y medios independientes documentando lo que sucedía en
las calles y proveyendo evidencia invaluable para la búsqueda de justicia. Durante la pandemia,
vimos cómo personas se organizaron en ollas comunes, cómo trabajadoras y trabajadores de la
salud se las ingeniaron para atender de la mejor forma posible a la mayor cantidad de personas
posibles, cómo diferentes personas expertas y liderazgos de gremios de la salud emergieron
dando señales claras que el gobierno no daba.
Lamentablemente, si observamos cómo estábamos hace un año, vemos que las cosas están
igual o peor. Pero tenemos al frente a un gobierno que actúa como si nada pasara. Que ha
dicho incluso ante Naciones Unidas que Chile ya “volvió a la normalidad” después del estallido
social, que sigue respaldando a carabineros sin ningún cuestionamiento, que reitera discursos
que equiparan indebidamente protesta y delincuencia, que persiste en tratar las violaciones
generalizadas de derechos humanos ocurridas como si fueran casos aislados. Un gobierno que
ha sido acusado por diversas personas expertas de no escuchar a nadie en el manejo de la
pandemia (ni siquiera a la Mesa Social Covid que el mismo gobierno convocó) y que últimamente
su única respuesta a las críticas es una defensa indignada para tratar de convencernos de que
todo está bien, persistiendo en un discurso exitista pese a los más de 7000 contagios nuevos
diarios y más de 30.000 personas fallecidas en lo que va de la pandemia.
La crisis de derechos humanos y la crisis sanitaria continúan, están presentes todos los días,
pero desde el gobierno esto no se reconoce. Tenemos un gobierno que actúa como si el estallido
social nunca hubiera sucedido, que no escucha ninguna crítica, que persiste en hacer lo mismo
de siempre pese a que no resuelve ninguna de las crisis.
Chile no puede existir sino es en el mundo. Chile no puede funcionar sino es con todas las
personas que habitan el país. Las autoridades deben asegurar que todas las medidas que se
implementen no dejen a nadie atrás. Necesitamos un “reseteo” en todo el mundo. En Chile,
esto puede tomar la forma de una nueva Constitución que realmente refleje el país que hoy
somos. Nos toca a la ciudadanía seguir alzando todas nuestras voces, hasta que al fin sean
escuchadas, exigiendo justicia y reparación, exigiendo una vida digna.
Necesitamos apretar el botón de reinicio y preguntarnos qué se necesita para tener un mundo
en que realmente vivamos en base a la idea de igualdad, dignidad y justicia. De humanidad,
finalmente.

Las manifestaciones masivas contra la desigualdad persistente
disminuyeron por causa de la pandemia de COVID-19, pero las que sí
se celebraron solían encontrar como respuesta el uso excesivo de la
fuerza por parte de agentes estatales, a menudo con el resultado de
lesiones graves. El gobierno hizo uso indebido de la legislación con el
fin de criminalizar a las personas que se manifestaban, acogiéndose a
la Ley de Seguridad del Estado e introduciendo nueva legislación penal.
La pandemia afectó de manera desproporcionada a quienes vivían en
situación de pobreza y a quienes dependían de los servicios públicos de
salud, así como al personal sanitario del sector público.

INFORMACIÓN GENERAL
Las manifestaciones masivas continuaron en los primeros meses del año, pero cesaron en buena
medida en cumplimiento de las medidas para contener la propagación de la COVID-19. El
gobierno declaró en marzo el “estado de catástrofe” debido a la pandemia y lo extendió hasta
diciembre. Esta disposición imponía restricciones a la libertad de circulación y un toque de
queda nocturno. Chile fue uno de los 10 países del mundo con mayor número de muertes por
millón de habitantes causadas por la COVID-19, que afectaron en su mayor parte a la población
más pobre y a las comunidades en situación de vulnerabilidad.
Chile no se adhirió al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo
de Escazú).
En octubre, el país celebró un referéndum y aprobó un proceso para redactar una nueva
Constitución.
USO EXCESIVO DE LA FUERZA
Las manifestaciones masivas continuaron desde enero hasta mediados de marzo, con múltiples
incidentes nuevos de uso excesivo de la fuerza. Se presentaron al menos dos nuevas demandas
penales por presuntos crímenes de lesa humanidad contra el presidente Piñera y otros altos
cargos. Al concluir el año, la Fiscalía Regional de Valparaíso llevaba a cabo la investigación de
esas demandas junto con la de otras presentadas en 2019.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos expresó su preocupación por la lentitud de las
investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones
masivas de 2019. En agosto, la Fiscalía General presentó formalmente cargos contra los policías
acusados en casos como los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, casi un año después de que
se produjeran los hechos respectivos en los que ambos quedaron ciegos. Las investigaciones
llevadas a cabo por los Carabineros (policía nacional) y las sanciones administrativas impuestas
por este cuerpo eran lentas e ineficaces, a menudo basadas en infracciones administrativas
menos graves y no en violaciones de derechos humanos.
Los organizadores de los comedores populares (conocidos como “ollas comunes”) establecidos
para abordar el hambre generalizada afirmaron que la policía había recurrido al uso excesivo de
la fuerza para intentar clausurarlos.

En marzo, Jonathan Reyes murió de un disparo en el pecho efectuado por la policía durante
el toque de queda. El agente involucrado alegó que había actuado en defensa propia, pero
grabaciones de vídeo mostraron que no había una amenaza clara cuando se hizo el disparo.
Las protestas aumentaron a medida que se atenuaron las medidas para contener la COVID-19.
En octubre, un manifestante de 16 años sufrió lesiones graves al caer al canal de cemento del
río Mapocho desde un puente de la ciudad de Santiago después de haber sido empujado por un
policía. Se formularon cargos contra un policía y la fiscalía presentó pruebas de que los agentes
policiales no habían intentado ayudar al joven herido.
Seguían pendientes de aplicación las recomendaciones formuladas por varias comisiones para
la reforma de la policía que el gobierno y el Congreso habían creado en noviembre de 2019. Al
finalizar el año estaba pendiente de debate en el Congreso un proyecto de ley para “modernizar”
la policía, con un enfoque limitado a procedimientos de control más estrictos.
REPRESIÓN DE LA DISIDENCIA
El gobierno presentó demandas judiciales contra más de 1.000 manifestantes amparándose en
la Ley de Seguridad del Estado, lo que no se ajustaba al derecho internacional de los derechos
humanos y podía dar lugar a actos de hostigamiento político.
En enero entró en vigor una ley “antibarricadas” que aumentaba las sanciones para las personas
que obstruyeran la libre circulación colocando objetos en la calle. La amplia y ambigua definición
utilizada en esa ley podría criminalizar actos de protesta legítimos.

AQUÍ LA NOTA COMPLETA:https://amnistia.cl/wp-content/uploads/2021/04/CAPITULO-SOBRE-CHILE.pdf

 

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