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Funcionario de Gendarmería fue formalizado por cohecho y quedó en prisión preventiva

Luego de una audiencia de medidas cautelares, el Juzgado de Garantía de La Serena otorgó la prisión preventiva para un imputado, funcionario de Gendarmería de Chile, quien fue formalizado por 11 casos de cohecho pasivo agravado y reiterado en el penal de Huachalalume.

La investigación, a cargo del fiscal Marcial Pérez, es desarrollada en conjunto con la Dirección de Investigación Criminal y la Oficina de Seguridad Interna de Gendarmería de Chile.

La investigación data desde el año 2019 y el primer hecho formalizado da cuenta que en Noviembre y Diciembre, el imputado de iniciales C.M.P.M. –en su condición de funcionario público- habría recibido 3 transferencias bancarias a una cuenta RUT por sumas de 240 mil, 300 mil y 20 mil pesos de parte de un interno.

Otro hecho investigado da cuenta que en Octubre y Noviembre del 2019 y Febrero del 2020, en condiciones similares al hecho señalado anteriormente, habría recibido sumas de 450 mil, 200 mil, 100 mil y 30 mil pesos por instrucciones de un interno sentenciado, depósitos efectuados a su cuenta rut y otra cuenta de una segunda persona.

El último hecho formalizado en la investigación da cuenta que en Octubre del 2019 el funcionario habría recibido en su cuenta y en la de un tercero, sumas por 20.300 pesos, dos de 100 mil pesos y otra de 30 mil pesos. Las sumas corresponderían a las instrucciones ordenadas por un tercer interno sentenciado.

El fiscal que asistió a la audiencia de discusión de cautelares, Rodrigo Céspedes, dijo que se investiga la “recepción de coimas de dinero a cambio de la realización de prestaciones ilícitas como proteger a internos que se encuentran recluidos al interior de este penal, para que no fueran objeto de hostigamientos y agresiones y adicionalmente para intervenir favoreciendo a determinados internos para obtener beneficios intrapenitenciarios”, dijo.

El Juzgado de Garantía de La Serena, una vez conocidos los antecedentes, ordenó la prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad y otorgó un plazo de 90 días para culminar las diligencias de investigación que se encuentran pendientes.

 

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