Reportaje revela la intención de Sebastián Sichel para cerrar el INJUV, despedir funcionarios y anular programa ONU

Nacional 19 de noviembre de 2019 Por
En concreto, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, busca reducir 1.850 millones de pesos, equivalente al 22% del presupuesto 2019.
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Foto: Agencia UNO
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El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), cartera liderada por Sebastián Sichel, elaboró una estrategia para “cerrar y transformar” el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). La acción tendría como resultado el despido de más de 200 personas, entre ellos los que realizan labores para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).


En concreto, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, busca reducir 1.850 millones de pesos, equivalente al 22% del presupuesto 2019.

Una extensa investigación de Radio BíoBío, dio a conocer un documento que indica que el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) “hace un trabajo mediocre, pobre” y que los funcionarios (se entiende de oposición) “son altamente politizados”.

Según indica el citado medio, la propuesta ya fue analizada en la Cámara de Diputados y aprobada, en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional. Ahora bien, será el Senado el que confirme si el INJUV llegará a su fin o no.

Entre las razones que entrega la Secretaría de Estado, dirigida por Sebastián Sichel, es que el Injuv hace un una trabajo “de manera pobre”.

Lo particular es que a nivel nacional se enviaría información con “una gráfica explicativa”. Sin embargo, se buscaba “no hacer referencia a las desvinculaciones y ocultar las acciones realizadas a la opinión pública”, cuestión que fracasa, tras ser revelado por el equipo periodístico de Radio BíoBío.


Revise ACÁ el reportaje completo, en Radio BíoBío.

La estrategia de Sebastián Sichel para cerrar el INJUV, despedir funcionarios y anular programa ONU

La información consta en un documento preparado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde se agrega que la cartera busca reducir 1.850 millones de pesos, equivalente al 22% del presupuesto 2019. Ello significaría desvincular a todos los funcionarios que trabajan en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y otros que laboran en plantas y contratas.


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