Nueva Constitución: Convergencia Social elabora excelente informe donde explica qué es la Asamblea Constituyente

Sociedad 14 de noviembre de 2019 Por
Este documento tiene por finalidad servir de insumo a la militancia de Convergencia Social, y fue preparado por un equipo reunido con el propósito de colaborar en la reflexión constituyente del partido.

I. Qué es una Constitución

El profesor de derecho constitucional Roberto Gargarella nos explica que “la Constitución es el pacto fundacional de una sociedad”. O sea, es la forma en que todas y todos, como iguales, organizamos nuestra vida en común.

Se dice que la Constitución es la “ley de leyes” por al menos dos razones. Primero, porque las leyes de la República tienen que ajustarse a lo que dice la Constitución; por ejemplo, si la constitución dice que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a huelga, el Código del Trabajo no puede contener reglas que, en la práctica, supriman este derecho (como por ejemplo, las normas que permiten el reemplazo en huelga).

Por otra parte, la ciudadanía también queda obligada directamente por las normas de la Constitución, por ejemplo, sus acciones quedan condicionadas por la libertad de reunión, de expresión o de desplazarse libremente, todas ellas contenidas comúnmente en el catálogo de garantías de la misma carta fundamental.

Un ejemplo de la importancia de la Constitución en el caso chileno, es su regulación del “Estado subsidiario”. De acuerdo a este principio, que buena parte de la doctrina y el Tribunal Constitucional consideran consagrado en el texto constitucional, la sociedad debe resolver por sí misma sus problemas, y solo cuando no lo logre, el Estado puede intervenir. Por supuesto, en la visión de los redactores de esta Constitución, “sociedad” coincide con “mercado”, y el Estado sería entonces, el “último recurso”, únicamente cuando falla el mercado. 

Este fenómeno se traduce en materia de salud, educación, previsión, vivienda y un largo etcétera. Sabemos que cuando se aplica este principio, suceden al menos dos cosas: primero, se forman dos tipos de servicios, uno para ricos y otros para pobres, y segundo, el Estado termina enriqueciendo al empresariado por medio de subvenciones.

II. Por qué queremos cambiar la Constitución

El “texto constitucional” impuesto en 1980 tiene dos problemas principales:

El primero es su origen autoritario: su borrador fue preparado por una “Comisión de Expertos” designada por Pinochet y liderada entre otros, por el abogado y fundador de la UDI, Jaime Guzmán. Luego fue afinada por la Junta Militar y después legitimada malamente, a través de un plebiscito sin padrones electorales.

En 1989 fue reformada a través de un plebiscito regular, que ratificó los acuerdos del “pacto de la transición” entre los partidos del duopolio de la transición y los militares. Este escenario se parece un poco al actual: el gobierno tambaleaba por las potentes jornadas de protestas que no cedían frente a la represión militar, y las
reformas maquillaron el texto, pero manteniendo los llamados “enclaves autoritarios”, como los Senadores Designados, que le aseguraban a Pinochet el control sobre 1/3 del Senado, lo suficiente para evitar cualquier cambio serio.

En 2005 se hizo una nueva reforma por acuerdo entre los partidos del pacto de la transición en el congreso, sin ninguna participación ciudadana. Se eliminaron, entre otras cosas, los Senadores designados y la firma de Pinochet, pero se mantuvo lo que Fernando Atria llama “los cerrojos constitucionales”, el segundo problema del texto constitucional que nos rige.

El segundo problema entonces, y el más relevante para nuestra reflexión en estos momentos, son estos candados constitucionales, diseñados por Jaime Guzmán para que diera lo mismo quien gobierne . Se trataba de cuatro dispositivos, aunque ahora solo quedan tres, porque el sistema binominal fue eliminado hace un par de años.

El primero, son los quórum supra mayoritarios. Para modificar cuestiones importantes como el sistema educacional, las concesiones mineras, partidos políticos, tramitación de la ley o el Tribunal Constitucional, no basta con la mayoría de los diputados y senadores. Se necesitan 4/7 de los votos. Incluso, si se quiere cambiar el sistema electoral o el número de Senadores y Diputados, se requieren 3/5 de los votos 2.

Si se logra saltar esa valla, nos encontramos con el segundo dispositivo: el Tribunal Constitucional. Su rol como “tercera cámara” al servicio del interés de la derecha, se ha notado por ejemplo, en su declaración de inconstitucional respecto de la pastilla del día después, el concepto amplio de “empresa” que obligaba al gran empresariado a hacerse cargo de los derechos de los trabajadores subcontratados, y sostener que las instituciones tienen derecho a la “objeción de conciencia” en materia de aborto legal.

Como si todo esto fuera poco, hay un tercer dispositivo: para modificar la Constitución, hay que contar con 3/5 de diputados y senadores. Peor todavía, para cambiar los capítulos correspondientes a derechos constitucionales, Tribunal Constitucional o reforma constitucional, entre otros, se necesita el voto afirmativo de 2/3 de los Diputados y Senadores, una mayoría irreal para cualquier coalición.

De esta manera, se asegura que una minoría de 1/3 sea capaz de evitar cualquier cambio relevante al rayado de cancha legado por Pinochet. Esto explica por qué cada vez menos gente participa de las elecciones: No es porque los jóvenes “no estén ni ahí”, como sostuvieron siempre los partidos del pacto de la transición durante los tiempos del binominal, es porque el sistema político vigente hace que votar no asegure que se cambie nada.

III. De qué forma proponemos hacerlo

Igual que las grandes mayorías que se han expresado en las movilizaciones de 2019, nosotros proponemos la modificación de la Constitución a través de una #AsambleaConstituyente. Otros mecanismo, como un “congreso constituyente” o un “mecanismo mixto” que cuente con representantes electos para la asamblea y representantes del parlamento, limitan la participación política de la ciudadanía, cuestión que pone en riesgo la posibilidad de alcanzar los cambios profundos que requiere la ciudadanía.

Lo primero para esto, es consultar a la ciudadanía si quiere cambiar la Constitución, y si la respuesta es sí, se pregunta por el mecanismo. La Asamblea Constituyente se parece a un Congreso unicameral, pero solo con una sola misión: redactar una nueva constitución. La Asamblea Constituyente no gobierna ni hace leyes. Solo discute y propone una nueva Constitución, que luego debe aprobarse popularmente a través de un referéndum.

La Asamblea Constituyente es elegida por la ciudadanía a través de voto universal y secreto. Antes y durante su desarrollo, debemos seguir organizándonos, para deliberar sobre la constitución y la Asamblea Constituyente que queremos. Por ejemplo, para definir si las candidaturas a la asamblea deberán estar respaldadas por partidos políticos, o si el sistema electoral permitirá, por ejemplo, que organizaciones sociales, territoriales, indígenas o los mismos cabildos autoconvocados presenten sus propias candidaturas. Estas discusiones nos permitirán construir un mecanismo que nos dé garantías de alcanzar un auténtico pacto social, que supere el neoliberalismo y su lógica subsidiaria y antidemocrática. Como dice nuestro compañero, el constitucionalista Jaime Bassa, “la forma es el fondo”.

Por supuesto, la constitución de Pinochet no permite llamar a una Asamblea Constituyente. Para poder convocarla desde la institucionalidad que existe, tenemos que hacer una reforma constitucional, cambiando su artículo 15 para facultar “al Congreso y/o al Presidente para que pueda convocar a un plebiscito nacional en el que puedan participar quienes se están manifestando en las calles que es donde está la verdadera potencia constituyente”.

Este pequeño cambio, que podría ser tan relevante para nuestro futuro democrático, necesita el voto de 2/3 de los Diputados y Senadores; algo impensable hasta hace poco, pero que ahora, con el pueblo movilizado en todo el país, podría ser posible.

IV. Qué características debería tener ese proceso

Para que la Asamblea Constituyente sea realmente un espacio donde la ciudadanía tenga el sartén por el mango, no basta con lograr que sea convocada. Se necesitan garantías de un proceso participativo, convocante y vinculante, que considere las experiencias de organización que nos hemos dado ahora mismo a lo largo del país, así como ejemplos de diversos procesos comparados, e incluso, algunas ideas de la propuesta de Bachelet, como la posibilidad de que los cabildos sean autoconvocados, o el sistema de participación digital de la fallida segunda campaña presidencial de Lagos.

Respecto del carácter vinculante de los resultados de los espacios de base, es relevante considerar las experiencias fallidas anteriores para dar cuenta de la importancia de la participación sustantiva del pueblo en el proceso: Pinochet hizo la constitución mediante comisión de expertos (La Comisión Ortúzar), y luego la legitimó mediante un plebiscito (1980), seguido del plebiscito de reformas del pacto de la transición (1989). Lagos, por su
parte, hizo su reforma íntegramente en el congreso, sin siquiera recurrir a un plebiscito, reflejando así la política de los acuerdos que caracterizó a la transición. Bachelet, por su parte, inició un proceso con instancias autoconvocadas, pero con un catálogo de discusiones acotado, y sin que sus resultados tuvieran fuerza vinculante.

Existen ejemplos comparados interesantes respecto de formas de participación incluyentes en Túnez, Irlanda e Islandia, por ejemplo, y los casos latinoamericanos nos muestran además la relevancia de considerar intersecciones como la étnica y la de género en la composición de la asamblea.

V. Algunas orientaciones sobre el contenido de una futura Constitución

Sobre los contenidos de la nueva constitución, tenemos una doble tarea: por un lado, ofrecer en las asambleas y cabildos nuestras propuestas, sobre la base de la experiencia democrática bajo la constitución de 1980 y las principales demandas del movimiento social. En segu do lugar, asegurarnos que los contenidos precisos del nuevo texto emanen directamente del proceso de la Asamblea, garantizando que la vieja clase política no pueda “cerrar el proceso por arriba” mediante un acuerdo entre cuatro paredes que limite el contenido de la futura Constitución.

En este punto, Gargarella nos recuerda algo fundamental: cada Constitución viene a responder una pregunta. Tenemos que tener eso en mente, para que los contenidos y mecanismos que promovamos para alcanzarlos, logren producir el cambio de régimen que la ciudadanía exige. En nuestro caso, el desafío es acabar con la desigualdad neoliberal, y su lógica mercantil que invade toda la vida social; a continuación comentaremos algunos lineamientos en ese sentido, para orientar nuestra reflexión constituyente desde ya.

Para esto, es totalmente necesario eliminar la subsidiariedad del Estado en los términos que explicamos más arriba. Los derechos sociales deben satisfacerlos entidades públicas y sin fines de lucro. Se necesita también una gestión responsable y mayoritaria de los bienes comunes naturales, que mejore la vida de todas y todos, y que asegure que las próximas generaciones también puedan gozar de ellos. Así mismo, debemos asegurar condiciones de convivencia democrática que consideren distintos niveles de participación territorial, cuotas de género, autonomía indígena, o cualquier otro factor que las instancias de discusión consideren imprescindible impulsar.

También necesitamos profundizar nuestra democracia, para que la ciudadanía pueda participar activa y permanentemente en la política. Por ejemplo, se pueden establecer medidas como las consultas populares vinculantes, la iniciativa popular de ley, la eliminación de los quórum supra mayoritarios, el mandato revocable de las autoridades, y un sistema de reforma constitucional accesible, que incluya por ejemplo, mecanismos para convocar a una Asamblea Constituyente. Además, se requiere un nuevo catálogo de garantías, donde los derechos sociales sean exigibles por la ciudadanía.

Finalmente, la constitución debe ser una carta política, una hoja de ruta del sistema institucional, pero no puede pretender resolverlo todo. Esto significa que hay que aclarar qué cosas deben estar en la Constitución, y cuáles deben regularse a través de simples leyes, mucho más fáciles de cambiar cuando la realidad del país lo requiera. Esto es muy importante para evitar tener un ordenamiento rígido, incapaz de reaccionar al paso del tiempo.

Decimos así mismo, que la nueva Constitución debe ser una hoja de ruta, porque es apenas el punto de partida para un proceso de reformas que transformará toda nuestra institucionalidad. En otras palabras, debemos tener claro que lo que hoy enfrentamos es apenas el comienzo de un esfuerzo mayor. Si la constitución de 1980 protege el legado de la dictadura y de la política de los acuerdos, la nueva Constitución debe hacer posible una
nueva era de transformaciones, en que sean las grandes mayorías ciudadanas quienes definan su propio camino.

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Redacción El Universal Chile

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