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Juzgado de Santiago ordena al fisco indemnizar a víctima de torturas en Villa Grimaldi

El Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a Francisco Javier Ganga Torres, quien fue detenido ilegalmente y torturado en el centro de reclusión clandestino Villa Grimaldi, en noviembre de 1975.

Nacional 18 de noviembre de 2020 El Universal El Universal
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FOTO: @PJudicialChile

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El Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a Francisco Javier Ganga Torres, quien fue detenido ilegalmente y torturado en el centro de reclusión clandestino Villa Grimaldi, en noviembre de 1975.

En la sentencia (causa rol 12.756-2017), la magistrada Soledad Araneda Undurraga acogió la demanda y estableció la responsabilidad del Estado en la comisión de un crimen de lesa humanidad perpetrado por sus agentes.

"Que, como ya se adelantó, en el motivo undécimo precedente, es un hecho de la causa que el demandante fue detenido y trasladado, junto a su madre y dos de sus hermanos, a un centro de reclusión, permaneciendo por dos días, siendo torturado y sometido a apremios ilegítimos, tales como golpes de pies y manos, aplicación de corriente eléctrica y aceite caliente, con el objeto de obtener información sobre el paradero su hermano Luis Ganga Torres, quien finalmente fue detenido y asesinado, como se estableció por lo demás, por sentencia firme y ejecutoriada, siendo calificado como víctima del listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech I, ello de acuerdo a la prueba rendida en autos, apreciada en forma legal, entre ellos, informes del Instituto de Previsión Social", sostiene el fallo.

La resolución agrega: "Que, luego, tal como se detalló en el motivo undécimo, lo que se ve corroborado con la prueba rendida en autos, especialmente informes elaborados por los especialistas en psiquiatría, Francisco Javier Aliste Calderón y Danilo Castro Pizarro, si bien el actor ha sido resiliente frente la experiencia vivida, ello igualmente ha provocado un estrés post traumático, que se manifiesta, además, en emocionalidad, al recordar dichos episodios, y evitación de recuerdos, sumado a la pérdida de su hermano por el accionar de agentes del Estado".

"Que, estos hechos, conducen a establecer la responsabilidad, precisamente del Estado, en la detención y tortura de don Francisco Javier Ganga Torres", añade.

"En efecto –prosigue– la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales (…). Por su parte, la Constitución Política de la República de 1925, garantizaba a todos los habitantes de la República la libertad, al regular en sus artículos un estatuto de derechos de las personas, deberes de las autoridades y requisitos para proceder a la privación de ella".

"En el Acta Constitucional de la Junta de Gobierno, DL N° 1 de 11 de septiembre de 1973, en su primera consideración se expone: ‘La fuerza Pública formada constitucionalmente por el Ejército, la Armada y el Cuerpo de Carabineros representa la organización que el Estado se ha dado para el resguardo y defensa de su integridad física y moral; y de su identidad histórico cultural…'; ‘... su misión suprema es la de asegurar por sobre toda otra consideración la supervivencia de dichas realidades y valores, que son los superiores y permanentes de la nacionalidad chilena'", cita.

Finalmente: "El artículo 4 del DL N° 5, publicado el 22 de septiembre de 1973, sanciona a quienes cometieren atentados contra la vida e integridad física de las personas, con el propósito de alterar la seguridad interna o intimidar a la población o procedan a su encierro o detención (…). Luego, tratándose en la especie de una violación a los Derechos Humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los Derechos Humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada".

"De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los Derechos Humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por lo cual ningún Órgano del Estado puede desconocerlos, por el contrario debe respetarlos y promoverlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como el Convenio de Ginebra de 1949, que establece el deber de los Estados parte de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario", concluye.

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