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Juzgado de Copiapó fija en 7 meses el plazo de investigación contra exintendente imputado por estafa

El Juzgado de Garantía de Copiapó fijó hoy –martes 3 de noviembre– en siete meses el plazo de investigación en contra de Francisco Sánchez Barrera, exsubgerente general de la minera Atacama Kozan y exintendente regional, imputado por el Ministerio Público como autor del delito reiterado de estafa. Ilícitos perpetrados entre 2011 y 2018.

Nacional 03 de noviembre de 2020 El Universal El Universal
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FOTO: @PJudicialChile

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El Juzgado de Garantía de Copiapó fijó hoy –martes 3 de noviembre– en siete meses el plazo de investigación en contra de Francisco Sánchez Barrera, exsubgerente general de la minera Atacama Kozan y exintendente regional, imputado por el Ministerio Público como autor del delito reiterado de estafa. Ilícitos perpetrados entre 2011 y 2018.

En audiencia de formalización de la investigación (causa 1.823-2020), el magistrado Víctor Santana Escobar acogió el plazo de investigación propuesto por los intervinientes y, al no solicitar el Ministerio Público medidas cautelares, dejó en libertad al imputado. Además, fijó para el 23 de febrero de 2021 la audiencia de formalización de la investigación en contra de Rodrigo Albornoz Encalada, exsubgerente de Finanzas de la empresa, coimputado en la causa.

Según el ente persecutor, Sánchez Barrera, primero en calidad de subgerente general de Atacama Kozan, con asiento en Tierra Amarilla,  junto a Rodrigo Albornoz, subgerente de Finanzas de la minera, entre 2011 y 2018, generaron relaciones de confianza con los representantes y ejecutivos de la compañía, a partir de lo cual actuaron de manera fraudulenta con objetivos e intereses propios, en perjuicio de la Sociedad Atacama Kozan.

Para dicho fin, Sánchez Barrera constituyó la empresa de comunicaciones Atacama Viva, a través de la cual solicitó a ejecutivos de las empresas Delpero y Eklipse, que contrataran los servicios de Atacama Viva ofreciéndoles a cambio ser seleccionados para desarrollar trabajos en Atacama Kozan y continuar los que  en esos momentos desarrollaban. Los servicios comunicacionales -inexistentes, sin respaldo y con sobreprecio- fueron pagados por Atacama Kozan por un monto superior a los $10.945.546, entre 2014 y 2018, que fue depositado en cuentas falsas utilizadas para disfrazar el valor de los contratos y evitar que fueran detectados por auditores y dueños de la empresa minera. Asimismo, se adulteraron los estados financieros de la sociedad con el fin de mejorar artificialmente los resultados operacionales y ocultar las pérdidas producto de las adjudicaciones acordadas.

Como segundo mecanismo, en 2018, Sánchez y Albornoz efectuaron actos conducentes a aumentar el valor del contrato de concesión de casinos, servicios y mantenciones menores con la empresa Eklipse, con clara desventaja para Atacama Kozan, pero que favorecían a los investigados. Asimismo, Sánchez se coordinó con la empresa contratada para entre enero a junio de 2018, mientras ejercía como subgerente de la minera, y luego entre agosto y diciembre de 2018, como de intendente de la Región de Atacama, incorporar gastos personales como costos operacionales de la empresa Eklipse, los que a su vez fueron cobrados a Atacama Kozan, por un monto defraudado que alcanza los $273.188.372.

Bajo la misma modalidad, los imputados aumentaron el valor de contratos de Atacama Kozan con la empresa de transportes Oviedo, incorporando esta última los gastos de traslados intercomunales e interregionales de Sánchez y sus empleados, entre enero y julio de 2018 como ejecutivo de Atacama Kozan, y entre agosto y diciembre, en calidad de intendente, por un monto de $11.653.500. En mismo período, Sánchez y Albornoz efectuaron actos para aumentar el valor del contrato de Atacama Kozan con la empresa Bruno Delpero, que se dedica a aseo y mantenciones menores. Bajo esa modalidad, Sánchez incorporó gastos personales como cobros operacionales del contrato, por un monto de $7.493.373.

En total, se abultaron o sobrevaloraron contratos de Atacama Kozan con las empresas contratistas en un monto no menor a $303.270.800.

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