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Juzgado de Santiago ordena indemnizar a hijo de detenido desaparecido

El Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización $40.000.000 (cuarenta millones de pesos) por concepto de daño moral, a hijo de Anselmo Osvaldo Radrigán Plaza, detenido ilegalmente en diciembre de 1974, por agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quienes lo llevaron a Villa Grimaldi, centro clandestino desde donde se pierde su rastro.

Nacional 14 de octubre de 2020 El Universal El Universal
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El Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización $40.000.000 (cuarenta millones de pesos) por concepto de daño moral, a hijo de Anselmo Osvaldo Radrigán Plaza, detenido ilegalmente en diciembre de 1974, por agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quienes lo llevaron a Villa Grimaldi, centro clandestino desde donde se pierde su rastro.
 
En la sentencia (causa rol 24.535-2018), la magistrada Nancy Torrealba Pérez rechazó la excepción de prescripción presentada por el fisco y estableció la obligación del Estado de reparar el daño causado por sus agentes en la comisión de un crimen de lesa humanidad.
 
"Que, asentado lo anterior, cabe consignar que la jurisprudencia más reciente de nuestros tribunales superiores de justicia ha establecido la imprescriptibilidad de la acción penal para perseguir la responsabilidad de los agentes del Estado, haciendo aplicación directa de los diversos tratados internacionales que regulan la materia", sostiene el fallo.
 
La resolución agrega que: "Pues bien, el asunto a dilucidar en estos autos se relaciona con la determinación de la procedencia de declarar la prescripción de la acción civil derivada de la comisión de delitos de lesa humanidad basado en normas del derecho interno".
 
"Al respecto –continúa–, cabe consignar que, a juicio de esta Juez, no es posible desatenderse de la especial naturaleza del delito que constituye la base de la indemnización, que determina que se esté en presencia de una acción reparatoria que se rige por preceptos del derecho internacional, estatuto que, sin distinciones consagra la imprescriptibilidad. Así, atendido su origen, no puede resultar indiferente la circunstancia que la acción indemnizatoria deducida no tiene una naturaleza meramente patrimonial".
 
"En efecto, como se anunció en el fundamento duodécimo, la fuente de la obligación de reparación del Estado no sólo radica en la Constitución Política de la República y en la Ley Nº 18.575, sino que también en los principios generales del derecho humanitario y en los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las normas internas de carácter civil", añade.
 
Para el tribunal: "En este punto, se debe precisar que la Asamblea General de Naciones Unidas, por Resolución N° 2.391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968, aprobó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, al considerar que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad figuren entre los delitos de derecho internacional más grave. En su artículo 2° se declara que la Convención se aplica, sin distinción, a las autoridades del Estado y a particulares, ya sea que hayan participado como autores, cómplices o hayan incitado directamente a la perpetración de esos crímenes y cualquiera sea el grado de desarrollo. Tal instrumento normativo, establece sin distinciones, entre acción penal o civil, la imprescriptibilidad. Si bien esta convención no ha sido ratificada por el Estado de Chile, ella es una norma de ius cogens, cuya obligatoriedad en derecho interno se encuentra prescrita por la Constitución Política de la República en el artículo 5 de la Carta Fundamental".
 
"Por otro lado, la Convención de Viena en 1980 vigente desde el 27 de Enero de 1980, establece en su artículo 27 que un Estado no puede invocar su derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales (…). Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ‘Pacto de San José de Costa Rica', ratificada por Chile en 1990, dispone en su artículo 63.1 que ‘cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada'. Esta norma, es directamente aplicables al caso concreto, pues forman parte de nuestro ordenamiento jurídico por expreso mandato del artículo 5° de la Constitución Política de la República, sin que pueda restringirse su contenido estableciendo que aquella obedece únicamente a una instrucción entregada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues, al igual que la Convención de Viena, responde a un principio básico del derecho humanitario de carácter consuetudinario, de lo que deriva que no sean creadas sino simplemente reconocidas por los Estados", razona.
 
"En consecuencia, en la especie no resultan aplicables los artículos 2332 y 2515 del Código Civil, que regulan la prescripción de las acciones civiles de indemnización de perjuicios, puesto que éstas pugnan con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de recibir la reparación correspondiente a víctimas y familiares de éstas, razón por la que tampoco puede aplicarse el artículo 2497 del referido Código", asevera el tribunal.
 
"Corolario de lo hasta ahora expuesto resulta que no es posible exonerar de responsabilidad del Estado en esta clase de infracciones aplicando la prescripción de la acción civil reparatoria, pues el Derecho Internacional reconoce que todo daño que sea consecuencia de un atentado de lesa humanidad debe ser reparado, sin que pueda desconocerse la naturaleza del hecho que motiva la indemnización pretendiendo aplicar normas internas del Estado respectivo, razón por la que se rechazará la excepción de prescripción", concluye.

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