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Lapidario informe de Amnistía Internacional: Se solicita investigación penal contra el Alto Mando de Carabineros por flagrantes violaciones a los DD.HH.

Tras un año de rigurosa investigación, Amnistía Internacional considera que la Fiscalía Nacional debe abrir investigaciones penales contra los mandos de la policía chilena, Carabineros de Chile, por su papel en las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social del país a partir del 18 de octubre de 2019.

Nacional 14 de octubre de 2020 Felipe Henríquez Ordenes - @PipeHenriquezO
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¡ACTUALIZACIÓN!

bomba lacrimógena carabineros -3Carabineros responden al lapidario informe de Amnistía Internacional por graves violaciones a los DD.HH

A mediados de octubre de 2019, millones salieron a las calles en todo Chile para exigir igualdad y derechos sociales y económicos, incluidas pensiones dignas, vivienda, educación pública de calidad y atención médica. El presidente Sebastián Piñera respondió con un decreto de estado de emergencia y desplegó al ejército y la policía para reprimir las protestas.

Amnistía Internacional envió una misión de crisis al país. Investigó y documentó violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad. Este informe presenta 12 casos emblemáticos de muerte, tortura y lesiones causadas por agentes de Carabineros entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre. También analiza más de 200 videos que muestran abusos por parte de agentes de Carabineros. El informe concluye la responsabilidad de los mandos de Carabineros por las violaciones de derechos humanos ocurridas durante su gestión.

Amnistía Internacional evidenció cómo durante las manifestaciones, los funcionarios de Carabineros utilizaron deliberadamente fuerza excesiva contra las y los manifestantes, en contra del derecho internacional. La policía utilizó esta fuerza para dispersar y disuadir manifestaciones, dañar a quienes se manifestaban o, al menos, sabiendo que ese sería el resultado.

Incidentes verificados de violencia policial en Chile

Este mapa representa evidencias de más de 200 posibles abusos cometidos por Carabineros entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, verificada por el equipo de verificación digital de Amnistía Internacional. Usa la leyenda para filtrar por tipo de abuso.

LOS MANDOS PODRÍAN Y DEBERÍAN HABER EVITADO LA VIOLENCIA, PERO NO LO HICIERON

El hecho de que los responsables de los agentes en el terreno no sean directamente responsables del daño causado a una persona manifestándose, no los exime de la responsabilidad ulterior por las violaciones de derechos humanos cometidas bajo su supervisión. La responsabilidad de mando existe cuando los mandos sabían o deberían haber sabido de las violaciones y no tomaron medidas para prevenirlas o castigar a los perpetradores.

Si bien hubo daños considerables a la propiedad, así como lesiones a oficiales de Carabineros, el número desproporcionado de personas manifestantes heridas, la evidencia casuística y las imágenes que muestran reiteradamente el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, respaldan la idea de que la violencia policial respondió a una estrategia de alto nivel de los mandos, en lugar de ser responsabilidad exclusiva de los oficiales individuales.

Este informe analiza la responsabilidad de los siguientes mandos en la estructura de mando de Carabineros:

Primer criterio del estándar internacional: los mandos sabían de la violencia policial  

Hubo múltiples fuentes por las cuales los mandos sabían o deberían haber sabido que se estaban produciendo violaciones de derechos humanos bajo su mando:  

1. Comunicación de actores externos a Carabineros:

Durante las manifestaciones, las redes sociales y los medios de comunicación se llenaron de información sobre posibles violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros. Esto se hacía a menudo etiquetando cuentas oficiales. Además de la información de dominio público, Carabineros recibió información sobre posibles abusos cometidos por sus funcionarios de parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y de la Fiscalía Nacional, quienes remitieron información sobre denuncias y querellas presentadas contra miembros de la institución a sus autoridades o pusieron la información a disposición del público.

Entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre se registraron las siguientes denuncias:

  • Denuncias (Fiscalía): 4.170
  • Querellas judiciales (INDH): 577


2. Canales internos oficiales en Carabineros:

  • Hay una variedad de canales internos dentro de Carabineros que indicarían que los mandos sabían o deberían haber sabido sobre posibles violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la institución.
  • El Director de Orden y Seguridad, responsable de controlar las operaciones policiales en todo el país, recibió informes diarios relacionados a lesiones de departamentos como “O.S.1.”.
  • Los altos mandos de la institución tuvieron acceso a una variedad de registros internos relacionados con operaciones policiales específicas que se llevan a cabo en todo el país, incluida información sobre el uso de escopetas y otras armas, lesiones sufridas y otra información, así como acceso a imágenes de video de estas operaciones desde cámaras policiales.


El Departamento de Denuncias y Sugerencias de Carabineros recibió 351 denuncias sobre conducta policial en el contexto de la crisis entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre.

Hasta el 19 de noviembre, los registros internos de Carabineros reportaron el siguiente número de lesiones a manos de miembros de su institución:

  • 1.011 lesiones en total
  • 481 lesiones por arma de fuego


Aunque estas cifras son mucho menores a las reportadas por otras instituciones, debieron dejar en claro a los mandos de Carabineros que existía un problema.  

3. Seguimiento interno de las operaciones

Si bien los mandos estratégicos tenían acceso a información sobre las operaciones a través de diferentes canales y tecnologías, los mandos operativos pudieron monitorear el progreso de las operaciones en tiempo real aún más de cerca. Amnistía Internacional encontró que mandos como el Jefe de Zona Metropolitana (STGO-1) o el Jefe de Zona de Control, Orden e Intervención Pública (STGO-4) en Santiago monitoreaban operaciones desde centros de comunicaciones como el 'GAMA Central' o la Unidad de Mando y Control del Centro de Comunicaciones de Carabineros (CENCO). Otros mandos operativos, como el Jefe de Fuerzas Especiales (G-1), o sus adjuntos G-2 y G-3 supervisaban las operaciones directamente en terreno.

Por lo tanto, estos mandos tenían conocimiento de primera mano y en tiempo real del comportamiento de sus oficiales subordinados, lo que debería haberlos alertado sobre el hecho de que se estaban cometiendo abusos contra los derechos humanos.

Segundo criterio del estándar internacional: los mandos tenían la capacidad de prevenir abusos

Como lo demuestra el organigrama anterior, Carabineros de Chile es una institución jerárquica en la que los subordinados deben seguir las instrucciones de sus superiores. La investigación realizada por Amnistía Internacional confirmó que los mandos de Carabineros de Chile mantuvieron un control efectivo sobre las unidades dentro de la institución durante el período analizado en este informe.

Tercer criterio del estándar internacional: los mandos no tomaron las medidas suficientes para prevenir abusos
Los mandos no actuaron en las siguientes áreas; munición, protocolos, planes operativos, órdenes y sanciones.

1. Los mandos deberían haber prohibido la munición lesiva, pero no lo hicieron

La munición utilizada por Carabineros durante las manifestaciones tuvo efectos notoriamente indiscriminados y nocivos. Las escopetas estaban cargadas con balines de goma con metal, compuestos de una mezcla de metal y caucho, que perforaban la piel y la carne humanas, en contra de las normas internacionales. La munición también fue altamente indiscriminada, con los 12 perdigones de cada cartucho dispersándose ampliamente al ser liberados.

Los balines de goma con metal son dos veces más pesados ​​que los balines de goma estándar e impactan con al menos 12 veces la fuerza. 

2. Los mandos deberían haber adoptado protocolos operativos apropiados, pero no lo hicieron

Los mandos tenían la responsabilidad de garantizar que los funcionarios operaran de acuerdo con las normas internacionales mediante la implementación de protocolos operativos adecuados. Nuestra investigación encontró deficiencias generalizadas en los protocolos y procedimientos adoptados, particularmente en relación a las circunstancias en las que se pueden utilizar armas menos letales.

Las responsabilidades del General Director y del General Subdirector incluyen específicamente el desarrollo de las políticas y doctrinas de la institución. No fue hasta más de un mes después del inicio de las manifestaciones, que estos protocolos fueron modificados de manera sustantiva, y solo en lo que respecta al uso de escopetas.

3. Los mandos deberían haber ajustado la planificación operativa, pero no lo hicieron

Ni la Plana Mayor Nacional (organismo integrado por altos funcionarios de Carabineros creado para asesorar al General Director durante la crisis), ni el Director de Orden y Seguridad incorporaron lecciones aprendidas desde una perspectiva de derechos humanos en la planificación estratégica de la institución. en respuesta a las manifestaciones.  

Los mandos operativos, al menos en el Área Metropolitana de Santiago, no modificaron sus planes operativos. Estos permanecieron sin cambios sustanciales más allá de la logística desde el comienzo del estallido social.

Además, Amnistía Internacional encontró pruebas de que los mismos agentes que utilizaron la fuerza de forma innecesaria o excesiva permanecían en sus puestos, operando a diario y cometiendo abusos similares en múltiples ocasiones.

4. Los mandos deberían haber emitido órdenes precisas y únicas, pero no lo hicieron

El General Director, el General Subdirector y el Director de Orden y Seguridad dieron órdenes imprecisas y repetitivas, a pesar del aumento de personas heridas. No dieron instrucciones precisas para garantizar el respeto de los derechos humanos, ya que la situación cambió sobre el terreno.

Esta gráfica demuestra cómo, a pesar de continuas lesiones, las órdenes relativas a escopetas permanecieron estáticas e ineficaces hasta el 19 de noviembre. Los mandos operativos en la Zona Metropolitana de Santiago tampoco dieron órdenes efectivas para prevenir abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas bajo su control.

5. Los mandos deberían haber castigado los abusos y retirado de servicio a los oficiales responsables de violaciones de derechos humanos, pero no lo hicieron

Lejos de castigar los comportamientos dañinos, los mandos estratégicos y operativos parecían tolerarlos e incluso respaldarlos.

GUSTAVO GATICA:

Carabineros ocultó información en la investigación administrativa sobre la participación de G-3, quien luego ha sido acusado de ser responsable de las lesiones de Gustavo. Carabineros lo sancionó meses después por no seguir el protocolo de descarga de imágenes de su cámara GO-PRO, pero no por las lesiones de Gustavo.

FABIOLA CAMPILLAI:

Carabineros sancionó a dos oficiales nueve meses después por no ayudarla, pero no por las heridas que le provocaron ceguera y pérdida del olfato y el gusto.

MOISÉS ÓRDENES:

13 funcionarios fueron procesados ​​por las torturas infligidas a Moisés. Sin embargo, estos funcionarios no fueron sancionados administrativamente y su caso aún está "en curso".

ALEJANDRO TORRES Y RENZO INOSTROZA:

Sus presuntos agresores admitieron su culpabilidad ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, permanecieron en la misma situación y los procedimientos administrativos en su contra aún están "en curso".

BAJE ACÁ EL INFORME COMPLETO EN FORMATO PDF 

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