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Corte de Santiago condena a militares (r) por secuestro y homicidio en Barrancas

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a dos efectivos en retiro del Ejército que, a la época de los hechos eran parte de la dotación del Regimiento Yungay, por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de Manuel Segundo Miranda Lizama y el secuestro calificado de Juan Isaías Castro Brito. Ilícitos perpetrados en mayo de 1974, en sector de Barrancas, que actualmente forma parte de la comuna de Lo Prado.

Nacional 07 de octubre de 2020 El Universal El Universal
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FOTO: @PJudicialChile

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La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a dos efectivos en retiro del Ejército que, a la época de los hechos eran parte de la dotación del Regimiento Yungay, por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de Manuel Segundo Miranda Lizama y el secuestro calificado de Juan Isaías Castro Brito. Ilícitos perpetrados en mayo de 1974, en sector de Barrancas, que actualmente forma parte de la comuna de Lo Prado.
 
En fallo unánime (causa rol 1.395-2019), la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Marisol Rojas, Mireya López y Alejandro Rivera– condenó a Gustavo Delfín Marambio Olmos y Tomás Segundo Morales Bravo a 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los delitos.
 
En la sentencia, el tribunal de alzada modificó la responsabilidad penal de los condenados de cómplices a autores, basado en los siguientes fundamentos:
 
"Que en cuanto a la participación de los encausados Tomás Morales Bravo y Gustavo Delfín Marambio Olmos, corresponde, en concepto de esta Corte, calificarla como autores de los ilícitos investigados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal. En efecto para arribar a dicha conclusión, se tiene los siguientes antecedentes:
a.- Los dichos de Jorge Turres Mery, capitán, integrante de la Compañía Mortero, a cargo del personal en el Parque Quinta Normal, quien a fojas 920 en relación a estos hechos manifestó que quienes detuvieron a estas dos personas (las víctimas) fueron quienes les dieron muerte, y que le dijeron a él que lo hicieron porque se les fueron encima y trataron de quitarles las armas.
b.- La declaración de Cupertino Flores Maldonado, quien realizaba el servicio militar obligatorio en el Regimiento Yungay, encontrándose, a la fecha de los hechos acantonado en el Parque Quinta Normal, quien a fojas 993 dijo que el día de los hechos a las 19:00 horas se encontraba cumpliendo servicio de guardia en la entrada del parque, y escuchó la denuncia que hizo una señora, la que luego se retiró del lugar y un instante después salió una patrulla del regimiento recordando bien que iban Molina, Morales y Marambio, que después de una hora llegaron y él le preguntó a Marambio por los detenidos contestando éste que iban en el piso del pick up de la camioneta y sobre ellos de pie, iban los soldados de la compañía. Añade que, en ese instante salió el capitán Turres Mery y que uno de los cabos le informa que traían dos detenidos por la denuncia de la señora, que Turres respondió ‘desaparezcan de acá, ustedes saben lo que tienen que hacer, ya que no quiero tener más problemas al interior del Regimiento' por lo cual la camioneta partió con rumbo desconocido, ignorando el destino o final que tuvieron estas personas. Agregó que la camioneta regresó al regimiento pasada una hora aproximadamente, ingresó al cuartel y nadie preguntó algo respecto de lo sucedido con los detenidos, como tampoco ninguno de los integrantes de la patrulla, efectuó comentarios al respecto. A fojas 1071 ratifica nuevamente esta declaración y reitera que las personas que participaron en la patrulla que detuvieron a las víctimas del proceso fueron como conductor Quijanes, Cabo Morales, Cabo Molina y el Sargento de reserva Marambio, y que la misma patrulla se retira con los detenidos y a la hora después vuelve sin ellos.
c.- Los dichos de Gustavo Marambio Olmos de fojas 1283 que reconoce haber participado en la patrulla que detuvo a las víctimas y que el Cabo Segundo Morales, se quedó con los detenidos ignorando a quién se los entregó.
d.- Los dichos de Tomás Morales Bravo de fojas 1360 niega que estando privado de libertad haya hablado sobre esta investigación. Dice que el capitán Turres lo envió a detener a una persona por una denuncia, que concurrió con otras personas en una patrulla hasta el lugar donde tomó al detenido que ordenó el capitán Turres junto al dueño de la casa, por encubridor y, que de ahí los entregó vivos a la guardia del Regimiento Yungay asentado en la Quinta Normal, y que después de eso no supo nada más. Reconoce que él era el jefe de la patrulla, que los detenidos los entregó en la guardia y que cuando él salía el capitán venía entrando y supone que venía a ver el tema de los detenidos.
e.- Careo de fojas 1369 entre Marambio y Quijanes donde este último reconoce al primero como la persona que estaba haciendo custodia a dos detenidos que estaban al interior de un vehículo militar, estacionado al lado de la guardia agregando que, al día siguiente por comentarios de pasillo se enteró que uno de esos detenidos había sido ejecutado. 
f.- Careo de fojas 1368 entre Quijanes y Tomás Morales Bravo en que el primero lo reconoce como Molina (sic) y como la persona que estaba presente cuando Morales dijo: ‘qué hacen aquí, si uds, nada tienen que ver'. A su vez Morales lo reconoce como Quijanes y reconoce que le dijo a él y a Molina que no tenían nada que ver en este asunto. Reconoce que el capitán Turres le dio un papel diciéndole que fuera a buscar a un detenido y que fue en una patrulla, pero que en ella no estaba ni Molina ni Quijanes, reconoce también que detuvo a dos personas pero que las entregó en el puesto de guardia donde le dieron aviso al capitán Turres e indica que cuando se retiraba del lugar vio que llegaba el capitán Turres al puesto de guardia", detalla el fallo.
 
La resolución agrega: "Que las declaraciones precedentes son contestes en situar a los encausados Morales y Marambio como los que participaron en la detención de las víctimas, incluso Morales reconoce ser el jefe a cargo de la patrulla lo que aunado a la declaración del testigo Cupertino Flores que los ve llegar con los detenidos para -luego de la intervención del capitán Turres- salir nuevamente con ellos, última vez que se les ve vivos, regresando después de una hora sin las víctimas y, reconociendo Jorge Turres Mery que las personas que detuvieron a las víctimas fueron quienes les dieron muerte pues así dice que se lo dijeron, constituye un cúmulo de antecedentes concordantes entre sí, sin que, por el contrario, la circunstancia exculpatoria que entregan los acusados en orden a haber entregado a los detenidos vivos a la guardia aparezca corroborada con alguna pieza del proceso, siendo además inverosímil, que si se les dio una orden de detención por su superior no le hayan dado cuenta personal de su cumplimiento y habiendo visto al capitán que venía -supuestamente- en dirección a la guardia no le hayan dado cuenta del cometido".
 
En la causa, el tribunal de alzada dictó sobreseimiento definitivo del oficial de Ejército en retiro Jorge Turres Mery -condenado en primera instancia a 10 años y un día de presidio como autor de ambos ilícitos- por haber sobrevenido la enajenación mental del sentenciado, según informes elaborados por el Servicio Médico Legal (SML).
 
"Que de acuerdo a los informes médicos señalados, es posible concluir que el sentenciado Turres Mery ha caído en enajenación mental, por lo que al no existir sentencia de término corresponde disponer su sobreseimiento definitivo de acuerdo a lo previsto en los artículos 686 y 408 N° 6 del Código de Procedimiento Penal correspondiendo su entrega bajo fianza de custodia y tratamiento, por no constar en los informes que en su actual estado revista un grado de peligrosidad para sí o para terceros", resuelve el fallo en este aspecto.
 
La sentencia de primera instancia, dictada por el ministro en visita Mario Carroza estableció los siguientes hechos:
"a. Que, en horas de la tarde del día 19 de mayo de 1974, en la Población Che Guevara de la comuna de Barrancas actual Villa Santa Anita de la comuna de Lo Prado, Juan Isaías Castro Brito a raíz de una discusión con su cónyuge Sonia Ester Orellana Simon, causó diversos daños en su hogar, rompió vidrios y agrede a ella y a sus hijos;
b. Que, en atención a lo ocurrido, Sonia Orellana decide denunciar su conducta, reiterada en el tiempo, y para ello concurre al Parque de la Quinta Normal y lo manifiesta al personal de guardia del Regimiento Yungay de San Felipe, que se encontraba acantonado en dicho recinto en esa época, al mando del Capitán Jorge Turres Mery;
c. Que, en función de la denuncia realizada, se le ordena a una patrulla integrada por el Cabo 2° Tomas Segundo Morales Bravo y el sargento de reserva Gustavo Delfín Marambio Olmos, que concurrieran a detenerle sin mandato judicial ni administrativo que lo justificara;
d. Que, ya en el lugar, se percatan que el hombre que buscaban no estaba en el inmueble y por las señales que les dieron otros moradores del lugar, logran enterarse que se encontraba en un departamento vecino, por lo que van al lugar señalado y le aprehenden junto a Manuel Miranda Lizama, este por encubrirlo, a ambos los suben a la camioneta y les trasladan hasta el Parque de la Quinta Normal;
e. Que, una vez en el Parque de la Quinta Normal, el Oficial que había ordenado la detención, les manda que se los lleven del lugar y procedan a deshacerse de ellos, por lo que el aludido piquete sale del recinto con ambos detenidos con rumbo desconocido;
f. Que, el día 23 de mayo de 1974, se encuentra el cadáver de Manuel Miranda Lizama en el sector de Carretera Américo Vespucio de la comuna de Quilicura y le trasladan hasta el Instituto Médico Legal, donde registra fecha de fallecimiento el mismo día 23 producto del conjunto de dos heridas de bala con salida de proyectil cráneo encefálica y otra abdominal;
g. Que, en cuanto al otro detenido, Juan Isaías Castro Brito, hasta la fecha no se tienen noticias de su paradero".
 
En el aspecto civil, con el voto en contra de la ministra Rojas Moya, el fallo confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $260.000.000 (doscientos sesenta millones de pesos) a familiares de las víctimas.

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