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Juzgado de Santiago ordena al fisco indemnizar a víctima de detención ilegal y torturas en San Antonio

El Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $20.000.000 (veinte millones de pesos) a Hernán Becerra Madrid, detenido ilegalmente el 15 de septiembre de 1973, por efectivos militares en su domicilio, ubicado en Llolleo, quienes lo trasladan al Regimiento Tejas Verdes, en donde sufrió torturas, para luego ser destinado a la cárcel de San Antonio, donde las vejaciones continuaron, permaneciendo en el recinto por nueve meses.

Nacional 15 de septiembre de 2020 El Universal El Universal
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El Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $20.000.000 (veinte millones de pesos) a Hernán Becerra Madrid, detenido ilegalmente el 15 de septiembre de 1973, por efectivos militares en su domicilio, ubicado en Llolleo, quienes lo trasladan al Regimiento Tejas Verdes, en donde sufrió torturas, para luego ser destinado a la cárcel de San Antonio, donde las vejaciones continuaron, permaneciendo en el recinto por nueve meses.
 
En la sentencia (causa rol 14.380-2019), el juez Luis Quezada Fonseca rechazó la excepción de prescripción de la demanda y estableció la responsabilidad del Estado en el daño moral provocado a la víctima.
 
"Que a este respecto, cabe consignar el hecho de que no obstante el reconocimiento expreso que hiciera el demandado ante un organismo internacional, insiste ahora, por intermedio de su representante -Consejo de Defensa del Estado- en oponer la excepción de prescripción extintiva ante acciones de la misma naturaleza como la de autos, pese al compromiso internacional que adoptara en el contexto del juicio referido en los motivos anteriores", sostiene el fallo.
 
La resolución agrega: "Que, finalmente, en cuanto al requisito de oportunidad de la renuncia, es de público conocimiento que, ya sea que se contabilice la época de la renuncia a la prescripción en la fecha en que el ejecutivo envió el proyecto de Ley N°20.874 a la cámara respectiva -el día 9 de julio de 2015- o que se considere la fecha de publicación de la misma -29 de octubre de 2015-, es un hecho no controvertido por las partes que ello se produjo después de cumplido el plazo de prescripción, acreditándose la exigencia del inciso 1° del artículo 2494 del Código Civil (…). En consecuencia, habiendo operado la renuncia tácita a la prescripción extintiva, esta excepción tampoco puede prosperar como se dirá en definitiva".
 
Desechadas las excepciones opuestas por la defensa, el tribunal se abocó al análisis del daño, como presupuesto de la responsabilidad demandada. "Sobre este punto, el profesor René Abeliuk Manasevich concibe el daño moral como: ‘El menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos como consecuencia del hecho ilícito, que afecta la integridad física o moral del individuo'".
 
"De otra parte –continúa–, la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha definido el daño moral como: ‘La lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a las personas e imputable a otra'".
 
Para el tribunal: "(…) en la especie, atendido los hechos asentados y considerando la gravedad de las violaciones a derechos humanos tan esenciales como la vida e integridad física a que fuera sometido el demandante con motivo de su detención y tortura por quien está llamado constitucionalmente a resguardarlos, que incluye el tiempo que permaneció prisionero, el dolor, la vejación y aflicción física provocados por la aplicación de torturas, sumado el largo tiempo que ha vivido en el exilio, lo que implicó no sólo abandonar intempestiva e involuntariamente sus relaciones afectivas y sociales, sino además, insertarse en una nueva idiosincrasia con todo lo que conlleva, por todo lo anterior, es que corresponde acceder a la pretensión del demandante, ante el evidente daño moral".
 
"Ello sumado al hecho que las secuelas psicológicas son de aquellas que perduran de por vida, pues truncan el normal desarrollo de las personas, reducen sus oportunidades y merman la dignidad, daño que el sólo sentido común vislumbra, y que constata la declaración del informe de daño emanado de la psicóloga doña Solange Núñez Merino del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y DDHH del Hospital Dr. Gustavo Fricke perteneciente al Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, de fecha febrero de 2020, en relación con la copia de la Norma Técnica N° 88 ‘Norma Técnica para la Atención de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el periodo 1973 - 1990', en cuyo capítulo II, punto 2, se refiere a los efectos bio-psicosociales asociados a la experiencia traumática de, entre otras, las víctimas de tortura. Y la copia del Capítulo VII ‘Consecuencias de la prisión política y tortura' del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, reseñadas en el motivo quinto y de las testimoniales relacionada en el motivo sexto", añade.
 
"Por todo lo expresado, se encuentra fehacientemente acreditado en autos la existencia del daño moral ocasionado al demandante -con graves secuelas que perduran hasta la actualidad-, debido a las detenciones, vejaciones y torturas cometidos por agentes del Estado, y por el posterior exilio, daños que no es sino una consecuencia inmediata y directa de su detención", concluye.

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