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Juzgado ordena al fisco indemnizar a víctima de torturas en Regimiento Tacna, Estadio Chile y Nacional

El Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $60.000.000 (sesenta millones de pesos) a Osvaldo Ramón Lira Matus, detenido ilegalmente el 11 de septiembre de 1973 y sometido a torturas en el Regimiento Tacna, Estadio Chile y Estadio Nacional.

Nacional 09 de septiembre de 2020 El Universal El Universal
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FOTO: @PJudicialChile

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El Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $60.000.000 (sesenta millones de pesos) a Osvaldo Ramón Lira Matus, detenido ilegalmente el 11 de septiembre de 1973 y sometido a torturas en el Regimiento Tacna, Estadio Chile y Estadio Nacional.
 
En la sentencia (causa rol 12.389-2019), la magistrada Rocío Pérez Gamboa acogió parcialmente la demanda, tras establecer que Lira Matus fue víctima de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible en el ámbito penal y civil.
 
"Que en relación al primer supuesto, esto es, la existencia de un hecho antijurídico, conforme a la naturaleza de la materia y hechos sobre los que versa la litis, cabe consignar que del mérito de las probanzas reseñadas en los motivos anteriores, ha quedado acreditado en autos, que efectivamente el actor Sr. Ramón Lira fue detenido en la comuna de Santiago, mientras se encontraba en una sede del Partido Comunista, sin causa jurídica y de forma ilegal, por agentes del Estado pertenecientes a Carabineros, siendo privado de libertad, incomunicado y torturado durante un periodo indeterminado de tiempo desde el día de su detención acaecida el 11 de septiembre del año 1973, pasando por diversos centros de detención y tortura, siendo el último de ellos el Estadio Nacional", sostiene el fallo.
 
La resolución agrega: "Que las conductas descritas dan cuenta de la comisión de actos ilegales y arbitrarios, que afectan lo más esencial de los seres humanos, como la vida, la libertad y dignidad y que por su extensión y alcance trascienden al propio individuo, afectando a la humanidad toda, y por tanto se encuadran en el concepto de delito de lesa humanidad".
 
"Que de otro lado –continúa–, debe tenerse presente que no nos encontramos frente a una acción de indemnización de perjuicios ‘común' que derive de relaciones contractuales o extracontractuales propias del derecho interno, sino que como se dijo, nos encontramos ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas y principios y las reglas internacionales que conforman el ius cogens, propias del Derecho Internacional; así y de acoger la tesis planteada por la demandada en este punto, resultaría una grave infracción a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro Estado, es así que habiendo ratificado Chile la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, como por ejemplo -y como se ha venido señalando- la de reparación, norma, que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 5º de la Constitución Política del Estado, por lo que contrariar la norma mencionada, sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico".
 
"Que por otra parte el artículo 2332 del Código Civil señala que: ‘las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto'; el artículo 2514 señala que: ‘la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible'; finalmente el artículo 2515 de igual cuerpo legal señala que el tiempo es de 5 años para las acciones ordinarias", añade el fallo.
 
Para el tribunal: "(…) en ese contexto, el estatuto del derecho privado chileno regula relaciones entre particulares, regidas por los principios de la autonomía de la voluntad y en plano de igualdad, cuestión inaplicable al caso sub lite, donde se busca regular y sancionar en el ámbito de derecho público, relaciones verticales del Estado con los particulares, determinando las responsabilidades que éste tenga por las afectaciones de derechos por parte de sus agentes".
 
"Que así, en el caso sub lite, la detención y torturas propinadas al actor, constituyen por cierto actividades ilegítimas í llevadas a cabo al margen de la juridicidad y constitucionalidad, por ende, se trata de un crimen de lesa humanidad, que de acuerdo al Derecho Internacional a través de normas de Ius Cogens, del Derecho Consuetudinario y Derecho Convencional donde se ha declarado su imprescriptibilidad, sin distinción alguna de si ello alude a las acciones penales y civiles, sin que pueda estimarse dicha omisión como suficiente para interpretar dicho cuerpo normativo en contra de sus beneficiarios naturales, lo que no sería sino contrariar su historia fidedigna", añade.

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