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Juzgado Civil ordena al fisco indemnizar a cónyuge e hijos de relojero ejecutado en 1973

El Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) a cónyuge e hijos de Víctor Moisés Castillo Alegría, joven relojero que fue ejecutado, en octubre de 1973, en la comuna de Renca.

Nacional 28 de agosto de 2020 El Universal El Universal
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FOTO: @PJudicialChile

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El Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) a cónyuge e hijos de Víctor Moisés Castillo Alegría, joven relojero que fue ejecutado, en octubre de 1973, en la comuna de Renca.
 
En la sentencia (causa rol 11.732-2019), la magistrada Claudia Donoso Niemeyer ordenó al fisco pagar $50.00.000 (cincuenta millones de pesos) a cada demandante, por su responsabilidad en un crimen de lesa humanidad perpetrado por agentes estatales.
 
"Que, el Fisco de Chile opone excepción de prescripción extintiva de la acción civil indemnizatoria, fundado en que a pesar de encontrarse suspendida la prescripción durante el período de dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 24 de abril de 2019, ha transcurrido con creces el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil, o en subsidio aquel contemplado en el artículo 2515 del mismo cuerpo legal", plantea el fallo.
 
La resolución agrega: "Que, a fin de resolver la excepción de prescripción, cabe tener en consideración que el crimen de homicidio a que se viera expuesto don Víctor Moisés Castillo Alegría por agentes del Estado constituye un crimen de lesa humanidad y una vulneración a los derechos humanos. En efecto el hecho en cuestión vulnera lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, norma que establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, así si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial obedece a una índole humanitaria proveniente de los derechos de todo ser humano reconocidos éstos en el Tratado Internacional indicado, que prima sobre las normas de derecho interno, en especial del artículo 2497 del Código Civil".
 
Para el tribunal: "(…) asentado el carácter de crimen de lesa humanidad cometido en la persona del Sr. Castillo Alegría, resulta improcedente dar cabida a la aplicación de normas comunes contenidas en los cuerpos normativos internos como el Código Civil para resolver la contienda en cuestión; en tal sentido el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos obliga a los estados parte a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades y el artículo 5 de la Constitución Política de la República que reconoce como limitación a la soberanía el respeto de los derecho esenciales que emana de la naturaleza humana y la obligación del mismo de promover dichos derechos fundamentales".
 
"Que sin perjuicio que esta Magistrado observa una debilidad probatoria tendiente a acreditar el daño moral específico sufrido por los demandantes, es del caso que encontrándose probada la calidad de hijos y cónyuge del Sr. Castillo Alegría en concordancia a lo expuesto en los informes emitidos tanto por el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos como por la Fundación de ayuda social de las Iglesias Cristianas, no objetados, es posible entender que naturalmente han sufrido una aflicción con el fallecimiento de su padre y cónyuge, respectivamente, los que deben conforme a criterios de justicia y equidad ser indemnizados, mas no conociéndose detalladamente el grado de aflicción sufrido es que se estima prudencialmente la indemnización del daño moral en la suma de $50.000.000 para cada una de los actores", ordena.

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