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Juzgado ordena indemnizar a víctimas de detención ilegal y tortura en Rengo y San Fernando

El Cuarto Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización total de $9.000.0000 (nueve millones de pesos) a Raúl Enrique Pérez Contreras, Eladio Alfonso Rojas Soto y Gerardo Andrés Rojas Soto, en calidad de víctimas de prisión política y torturas.  

Nacional 14 de agosto de 2020 El Universal El Universal
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FOTO: @PJudicialChile

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El Cuarto Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización total de $9.000.0000 (nueve millones de pesos) a Raúl Enrique Pérez Contreras, Eladio Alfonso Rojas Soto y Gerardo Andrés Rojas Soto, en calidad de víctimas de prisión política y torturas.
 
En la sentencia (causa rol 26.750-2019), la magistrada María Paula Merino Verdugo acogió la demanda de indemnización de perjuicios y ordenó al fisco reparar el daño causado a los demandantes por agentes del Estado.
 
"Que, en la especie, atendido los hechos asentados y considerando la gravedad de las violaciones a derechos humanos tan esenciales como la vida e integridad física a que fueron sometidos los demandantes con motivo de su detención y tortura por quien está llamado constitucionalmente a resguardarla, el dolor, la vejación y aflicción física provocados por la aplicación de tormentos, la incertidumbre de no saber si saldrían vivos de los lugares donde estuvieron ilegítimamente detenidos y la angustia de temer día a día por su vida, el hecho de hallarse en un estado de vulnerabilidad, es que corresponde acceder a la pretensión del actor, ante el evidente daño moral", plantea el fallo.
 
Resolución que agrega: "Ello acrecentado por el temor ocasionado por las circunstancias de la época que naturalmente incrementaron dicha aflicción, y al hecho que las secuelas psicológicas son de aquellas que perduran de por vida, pues truncan el normal desarrollo de las personas, reducen sus oportunidades y merman la dignidad, daño que el sólo sentido común vislumbra".
 
"En consecuencia, al tenor de lo consignado anteriormente, se encuentra acreditada en autos la existencia del daño moral ocasionado a los demandantes debido a sus detenciones y torturas, cometidas por agentes del Estado, daños que son una consecuencia inmediata y directa de dicha detención", añade.

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