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“Propuesta por la paz”: UDI propone al Gobierno la creación de cárceles “especiales y específicas” para presos de pueblos originarios

Un grupo de diputados UDI enviaron una carta al ministro de Justicia, Hernán Larraín, en la que sostuvieron que no creen que deba reconocerse "libertades condicionales o beneficios carcelarios" a integrantes de pueblos indígenas "por el solo hecho de ser tal".

Política 13 de agosto de 2020 Felipe Henríquez Ordenes - @PipeHenriquezO
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Representada por los diputados María José Hoffman y Jorge Alessandri, la bancada UDI plantearon al gobierno la creación de centros penitenciarios especiales para presos mapuche y miembros de otros pueblos originarios que sean juzgados por la justicia.

Durante este jueves, un grupo de diputados UDI enviaron una carta al ministro de Justicia, Hernán Larraín, en la que sostuvieron que no creen que deba reconocerse "libertades condicionales o beneficios carcelarios" a integrantes de pueblos indígenas "por el solo hecho de ser tal".

Según consigna La Tercera, los parlamentarios presentaron su “Propuesta por la paz” que, según explicaron, pretende ”contribuir de manera significativa y definitiva en la resolución del conflicto” y abarca además la aplicación del Convenio 169 de la OIT y la instalación de mesas diálogo.

El documento consigna que “uno de los mandatos contenidos dentro del Convenio dice relación con el reconocimiento de una jurisdicción indígena” esto “resulta del todo incompatible con el sistema procesal penal chileno”.

“En ese sentido es que proponemos la creación de recintos penitenciarios especiales y específicos”, consigna el documento.

Según se lee en el texto el término “especiales” implica que la estructura de los penales “resulte armónica con las visiones ancestrales de los pueblos originarios, y cuente con espacios destinados a la celebración de ritos y festividades de importancia para los pueblos originarios en condiciones de privación de libertad”.

En tanto, proponen que estos sean “específicos” por cuanto “serían exclusivos para personas que resulten condenadas a penas privativas de libertad y que pertenezcan a un pueblo originario”.

El texto agrega que estos centros “deberán regirse por las normas legales y reglamentarias vigentes aplicables a todas las personas privadas de libertad”. Sin embargo, los legisladores aseguran que “no creemos que deba reconocerse libertades condicionales o beneficios carcelarios a los integrantes de los pueblos originarios por el sólo hecho de ser tal”.

En este sentido, explican que “de determinarse la procedencia o no de tales beneficios, se haga teniendo a la vista el derecho penal común y sus exigencias, especialmente cuando estamos frente a condenados por delitos graves y escabrosos, como lo fue el lamentable asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay”.


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