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Salud aprobó en general proyecto que declara de interés nacional vacuna y tratamiento de Covid-19

La Comisión de Salud de la Cámara aprobó en general, por seis votos a favor y cinco en contra, el proyecto (boletín 13.638) que declara de utilidad pública y de interés general de la nación y la salud de la población, todo tratamiento preventivo y curativo, incluyendo productos farmacéuticos, vacunas, alimentos especiales y elementos de uso médico, para el tratamiento y cura de la enfermedad Covid-19.

Nacional 10 de agosto de 2020 El Universal El Universal
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FOTO : @Camara_cl

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El proyecto, presentado por diputados y diputadas, establece que todo tratamiento o cura para la enfermedad Covid-19 sería declarado de utilidad pública y de interés general de la nación.

La Comisión de Salud de la Cámara aprobó en general, por seis votos a favor y cinco en contra, el proyecto (boletín 13.638) que declara de utilidad pública y de interés general de la nación y la salud de la población, todo tratamiento preventivo y curativo, incluyendo productos farmacéuticos, vacunas, alimentos especiales y elementos de uso médico, para el tratamiento y cura de la enfermedad Covid-19.

La iniciativa, de acuerdo a lo señalado por la diputada Karol Cariola (PC), en la sesión donde comenzó el análisis de la moción, pretende que el Estado tenga un rol más activo, a través de las instituciones públicas y de las universidades, para garantizar el acceso de la población a la salud y no dejar espacio al negocio y al lucro, en referencia a cómo se maneja el mundo de los laboratorios.

Previo a la votación, participó en la comisión la vicepresidenta de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), Mariela Formas, que es el gremio que representa a los 23 laboratorios de innovación presentes en Chile.

Si bien señaló que comprenden y comparten la inquietud por asegurar la necesaria accesibilidad a cualquier tratamiento y vacuna contra el Covid-19, a su juicio, el proyecto es redundante, ya que, actualmente, existirían todas las atribuciones necesarias en la legislación.

Explicó que el estado de emergencia permite la fijación de precios y otras restricciones al derecho de propiedad. Así, también, la ley de propiedad industrial permite restricciones a los derechos de patente frente a razones de salud pública y que el proyecto de ley de fármacos 2, actualmente en comisión mixta, ya declara a “todos” los medicamentos como bienes esenciales para la salud pública y consagra el uso del Gobierno de las patentes.

En otra visión sobre el punto, la abogada Andrea Martones sostuvo que sería conveniente legislar sobre este proyecto de manera rápida, pues el proyecto de fármacos 2 podría no salir a tiempo y hay que asegurar el acceso a las personas en materia de Covid.

Planteó que las regulaciones actualmente no son suficientes y afirmó que el proyecto no se trataría de una expropiación, propiamente tal, pues en el caso de “uso de Gobierno”, la licencia sigue perteneciendo al titular de la misma y solo se toma el derecho exclusivo por un tiempo definido.

Otros puntos del debate
La accesibilidad a los medicamentos también fue un tema planteado por las invitadas. Mariela Formas señaló que lo que hace falta es poder generar un seguro universal de acceso a los medicamentos para toda la población.

Por su parte, Andrea Martones criticó la ausencia de una regulación de precios, donde ya es posible evidenciar en otro país como las vacunas y tratamientos están aumentando sus valores.

Finalmente, intervino en la sesión Jorge Hübner, jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, quien no respaldó la iniciativa. Señaló que el Gobierno ha tomado medidas drásticas para salvaguardar el acceso a medicamentos y tratamientos.

Explicó, por ejemplo, que, actualmente, toda la red de salud se encuentra a cargo de la respectiva Subsecretaría. Además, afirmó que ya existen  fijaciones precio en la toma de exámenes de PCR, los arriendos de espacios, las prestaciones de salud y en el arriendo de ventiladores mecánicos y monitores.

Aseguró que la legislación ya contempla limitaciones a la propiedad privada y que el objetivo de esta ley debería innovar a las normas vigentes, lo que no sería el caso de la moción en discusión.

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