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Corte ordena al fisco indemnizar a familiares de ejecutados en barrio Franklin

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo y mantuvo la sentencia de primer grado que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $350.000.000 (trescientos cincuenta millones de pesos) a familiares de Pedro Armando Mena Sepúlveda y Miguel Ángel Tapia Rojas, cuyos homicidios calificados fueron perpetrados por personal de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Santiago en la intersección de las calles Placer y Lira, el 24 de septiembre y el 5 de octubre de 1973, respectivamente.

Nacional 05 de agosto de 2020 El Universal El Universal
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La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo y mantuvo la sentencia de primer grado que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $350.000.000 (trescientos cincuenta millones de pesos) a familiares de Pedro Armando Mena Sepúlveda y Miguel Ángel Tapia Rojas, cuyos homicidios calificados fueron perpetrados por personal de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Santiago en la intersección de las calles Placer y Lira, el 24 de septiembre y el 5 de octubre de 1973, respectivamente.

En fallo unánime (causa rol 16.908-2018), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y Leopoldo Llanos– ratificó la sentencia del ministro en visita Mario Carroza que ordenó pagar $230.000.000 (doscientos treinta millones de pesos) a la viuda, hijos y hermanos de Pedro Mena Sepúlveda, ejecutado el 24 de septiembre de 1973. En tanto, el fisco deberá cancelar $120.000.000 (ciento veinte millones de pesos) a cuatro hermanos de Miguel Tapia Rojas.

"Que, de esta forma deberá determinarse si en la especie el tribunal que es naturalmente competente para conocer del juicio penal puede o no extender sus facultades jurisdiccionales a las demandas civiles deducidas por los querellantes en contra del Fisco de Chile por los perjuicios que aquéllas han sufrido como consecuencia de las muertes o desaparición de personas a manos de agentes del Estado, cual es la cuestión que se ha discutido en el asunto principal", plantea el fallo.

 
Resolución que agrega: "Para lo anterior es necesario puntualizar que en virtud de la Ley 18.857, del año 1989, se modificó el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, la cual, según su texto original decía: ‘De todo delito nace acción penal para el castigo del culpable; y puede nacer acción civil para obtener la restitución de la cosa o su valor y la indemnización establecida por la ley a favor del perjudicado'. La ley aludida modificó tal precepto y además el artículo 40 del mismo cuerpo de leyes.
En lo primero, la reforma dispuso: ‘En el proceso penal podrán deducirse también con arreglo a las prescripciones de este Código, las acciones civiles que tengan por objeto reparar los efectos civiles del hecho punible, como son entre otras, las que persigan la restitución de la cosa o su valor, o la indemnización de los perjuicios causados.
En consecuencia, podrán intentarse ante el juez que conozca del proceso penal las acciones civiles que persigan la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí mismas hayan causado o que puedan atribuírseles como consecuencias próximas o directas, de modo que el fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal'".
 
Para la Corte Suprema: "La argumentación del fallo impugnado, al tenor de dichas modificaciones, supondría que el ejercicio de la acción civil sólo podría ejercerse entre la víctima o querellante y el procesado causante del hecho punible y además, que la acción indemnizatoria sólo podría justificarse en cuanto el hecho ilícito que causa el daño a indemnizar tenga una relación directa con la conducta punible, exigiendo -por ende- la condena del acusado para hacer procedente la acción contra el tercero civilmente responsable".
 
"Sin embargo –prosigue–, tal argumentación no se compadece con el principio de extensión ni tampoco fluye del sentido de la norma ni menos de la historia de su establecimiento. En efecto, el texto original por su vaguedad, creaba dificultades en su interpretación, sobre todo, en el sentido de entenderse que la acción civil era procedente sólo cuando tenía una vinculación directa con un delito y por ello no comprendía los perjuicios atinentes a los cuasidelitos, cuestión que sólo por vía jurisprudencial se pudo superar y por ello es que la Comisión Conjunta encargada del estudio de esta modificación, informó a la Junta de Gobierno, órgano legislativo en la época del gobierno militar, el sentido del proyecto, explicando que el artículo 10 aludido hay que entenderlo relacionado con los artículos 5, 19, 40 y 41 del Código, con las modificaciones que introduce el proyecto y por ello es que se ha pretendido mejorar la terminología y disipar las dudas que ella con frecuencia origina. Así se señala que ‘la nueva redacción de los artículos 5 y 10 marca el carácter plural que pueden revestir las acciones civiles en el proceso penal. Se deja a un lado el concepto restringido que muchos han querido ver en nuestra legislación y que, aparte de la restitutoria, limita el contenido de estas acciones a la reparación pecuniaria en dinero, identificándola sólo con la pretensión de declaración o liquidación de daños y perjuicios causados por delitos que sean indemnizables en dinero, con las consecuencias correspondientes respecto de la competencia' y se agrega en el informe: ‘La pluralidad que ahora se enuncia en los artículos 5 y 10 admite que entre las acciones civiles se pueden encontrar no sólo las restitutorias e indemnizatorias, con un contenido evidentemente más amplio que en la actual legislación, sino también las acciones prejudiciales y las precautorias y las reparaciones especiales que traen aparejados ciertos delitos, como ocurre en los artículos 379, 381 y 410 del Código Penal'".
 
"En cuanto a la extensión de lo que es posible demandar, la reforma también amplió ese criterio, como se desprende del informe justificativo del cambio, prescindiendo del criterio que limitaba su ejercicio como acción civil en el proceso penal sólo cuando ésta provenía o nacía del delito, avanzando en la tesis de que la fuente común de la responsabilidad es el hecho ilícito y antijurídico, el que sí está contemplado en la ley con una pena derivada en responsabilidad penal y si causa daño genera responsabilidad civil, origen común del que arrancan importantísimas consecuencias en materias sustantivas, por ello es que se ha preferido utilizar las expresiones ‘para perseguir las responsabilidades civiles provenientes del hecho punible' o a ‘las acciones civiles que tengan por objeto reparar los efectos civiles del hecho punible' (Nota marginal de explicación del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas, Código de Procedimiento Penal, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, páginas 43, 44 y 45)", asevera la resolución.
 
"De este modo, queda claro que el sentido de la reforma no fue el restringir el ejercicio de la acción civil que autoriza el artículo 10 del código citado, sino, por el contrario, fue el de extender su contenido a mayores hipótesis de cobros indemnizatorios, de manera que da más posibilidades de demandar a personas distintas de los hechores del delito, ejercicio que en ningún caso queda debilitado con el actual texto del precepto señalado y que sirve de sustento a la demanda de los querellantes", añade.
 
"Que, aparece claro que el sistema procesal penal regido por el código de 1907, a la fecha de las demandas civiles interpuestas por los querellantes -cónyuge, hijos y hermanos de las víctimas- otorgan competencia para conocer de la acción civil indemnizatoria al tribunal del crimen que está conociendo del hecho punible como cuestión principal, dirigida aquélla en contra del Fisco de Chile como tercero civilmente responsable, porque así lo establecen claramente los artículos 10 y 40 del Código de Procedimiento Penal y porque además se halla dicha aseveración en armonía con las normas de los artículos 398, 430, 447, 500, N° 7 y 536 del aludido texto legal", concluye.
 
Comisión Civil
En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita Mario Carroza estableció los siguientes hechos:
"a.- Que en el mes de septiembre de 1973, con posterioridad al Golpe Militar, la 4° Comisaría de Carabineros de Santiago ejercía jurisdicción en Avenida Matta hasta la línea de Ferrocarril, ubicada en calle Placer y por el oriente desde Vicuña Mackenna hasta calle Viel. En aquella oportunidad dos unidades dependían de esta Cuarta Comisaría, la Sub Comisaría Rogelio Ugarte y la Tenencia Matadero;
b.- Que la aludida Cuarta Comisaría de Carabineros de Santiago y sus unidades dependientes, mantenía en su orgánica una Comisión Civil, la cual dependía directamente del Teniente Hernán Benjamín Videla Muñoz, cuya labor consistía en controlar la ley de alcoholes, neutralizar el comercio ambulante, efectuar patrullajes y operativos destinados a detectar y detener a sospechosos;
c.- Que las víctimas de esta causa, Oscar David Duarte Pedraza, Pedro Armando Mena Sepúlveda, Miguel Ángel Tapia Rojas y Marco Antonio Martínez Traslaviña, son detenidas con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, bajo distintas circunstancias, por efectivos de la aludida Comisión Civil y luego encerrados en calabozos de las dependencias de la unidad policial, lugar desde el cual se les retira junto a otros detenidos y son trasladados a la intersección de las calles Placer con Lira, donde se les hizo correr para que agentes del Estado pudiesen dispararles a mansalva por la espalda, como consecuencia de los impactos recibidos fueron abatidos y fallecieron en el lugar;
d.- Que con posterioridad, los cuerpos sin vida de Oscar David Duarte Pedraza, Pedro Armando Mena Sepúlveda y Miguel Ángel Tapia Rojas fueron encontrados en la vía pública, no así el de la víctima Marco Antonio Martínez Traslaviña, quien fue visto por última vez con vida junto a Miguel Ángel Tapia Rojas, desconociéndose hasta ahora su paradero, como así mismo el de sus restos".
 
Por lo tanto, se consideró que "los hechos descritos precedentemente, son constitutivos de: 1) Delito de homicidio calificado, cometido contra Oscar David Duarte Pedraza, Pedro Armando Mena Sepúlveda y Miguel Ángel Tapia Rojas, perpetrados los dos primeros el 24 de septiembre de 1973 y el tercero el 05 de octubre de 1973, en Santiago, descritos y sancionados en el artículo 391 N° 1 del Código Penal de la época, cometidos por agentes del Estado con alevosía y premeditación, según se desprende de los elementos reseñados en el motivo primero de esta sentencia; y 2) Delito de Secuestro Calificado cometido en perjuicio de Marco Antonio Martínez Traslaviña, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso 1° del Código Penal, en relación con el inciso 4° del mismo artículo, a la fecha de ocurrencia de los hechos".
 
En el aspecto penal, se dictó sobreseimiento del oficial de Carabineros en retiro Benjamín Videla Muñoz, por fallecimiento.

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