Víctimas de abusos eclesiásticos rechazan categóricamente el convenio entre Fiscalía y el Episcopado

Nacional 03 de mayo de 2019 Por
Una de las críticas más duras, fue la del denunciante de Karadima, Juan Carlos Cruz, quién aseguró que con este convenio, "abusadores y encubridores serán tratados de forma diferente".
Fernando Ramos y Jorge Abbott CWiN

La Conferencia Episcopal de Chile (CECh) dio a conocer hoy las conclusiones de su 118ª asamblea plenaria que se realizó durante toda la semana en su Casa de Ejercicios de Punta de Tralca. Sus principales acuerdos fueron entregados por el secretario general, Fernando Ramos. 


En el texto, los obispos valoran el acuerdo firmado el 30 de abril con la Jorge Abbott." Se trata de un procedimiento habitual de la Fiscalía Nacional con diversas instituciones permanentes del país. Con este convenio, que surge desde la preocupación por alcanzar verdad y justicia para las víctimas, nos obligamos a una cooperación eficaz de manera que toda denuncia llegue al Ministerio Público, incluso en aquellos casos que la ley no nos obliga", señala la declaración. 

Añade que, en virtud de este acuerdo, se favorece el intercambio de información concerniente a todas las investigaciones respecto de delitos sexuales cometidos por clérigos diocesanos en contra de niños, niñas o adolescentes, o de personas en situación de discapacidad al momento de los hechos, protegiendo la confidencialidad a los denunciantes que lo solicitan y respetando la legislación vigente. 

Respecto de personas consagradas pertenecientes a congregaciones religiosas, sociedades de vida apostólica e institutos seculares, cada institución podrá adherir formalmente a este convenio. 

Juan Carlos Cruz, denunciante del párroco de El Bosque Fernando Karadima, tildó al Ministerio Público y al Fiscal Nacional Jorge Abbott, como "una vergüenza". Y agregó que el "convenio con la Conferencia Episcopal solo cuidarse espaldas. Vea estos 'detallitos': Abusadores y encubridores tratados de forma diferente a la de todos los chilenos. Deberíamos estar muy enojados".

Por su parte, la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos y la Fundación para la Confianza, quienes a través de un comunicado expresaron su “profunda preocupación” por el acercamiento del persecutor con la autoridad eclesiástica, afirmando que el acto jurídico no es necesario para una entidad del Estado que debe indagar las acusaciones.

“No entendemos los beneficios que este convenio pudiera traer a la búsqueda de justicia y nos parece más bien un lavado de imagen para los obispos chilenos, hoy sospechados y con razón de ser encubridores y partícipes necesarios de delitos que atentan contra los derechos humanos de miles de chilenos“, expresaron.


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