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Corte ordena indemnizar a víctima de torturas y vejaciones cuando tenía 15 años de edad

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $100.000.000 (cien millones de pesos) a víctima de detención ilegal, torturas y violaciones cuando tenía 15 años de edad. Ilícitos perpetrados por agentes del Estado entre el 16 de febrero y abril de 1974, en el Regimiento Tacna.

Nacional 02 de julio de 2020 El Universal El Universal
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La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $100.000.000 (cien millones de pesos) a víctima de detención ilegal, torturas y violaciones cuando tenía 15 años de edad. Ilícitos perpetrados por agentes del Estado entre el 16 de febrero y abril de 1974, en el Regimiento Tacna.
 
En fallo unánime (causa rol 16.395-2019), la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Paola Plaza, Guillermo de la Barra y el fiscal judicial Jorge Norambuena– revocó la sentencia recurrida, dictada por el Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago, en la parte que acogió la excepción de prescripción, tras establecer que la demandante fue víctima de crímenes de lesa humanidad, imprescriptible tanto en el ámbito penal como civil.
 
"Que, el derecho internacional de los derechos humanos, se integra no sólo por las Convenciones Internacionales, sino que también por la costumbre internacional, los principios humanitarios y diversas reglas soft law, y en lo que respecta al derecho convencional que obliga al Estado de Chile, es posible considerar que el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone que se reparen las consecuencias de la situación que ha configurado la vulneración de un derecho fundamental, y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada, disposición que debe interpretarse acorde a la reiterada jurisprudencia que se ha dictado no solo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que constituye el órgano autorizado para determinar su sentido y alcance, sino que también por lo la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia", sostiene el fallo.
 
La resolución agrega que: "la obligación del Estado de Chile de reparar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, surge por ser parte en tratados internacionales -y de toda la normativa que integra el derecho internacional humanitario-, por la cual asumió la obligación y el deber de respetar, proteger y realizar los Derechos Humanos, lo que comprende no solo la obligación de abstenerse de interferir o limitar el disfrute de los Derechos Humanos, sino que también la obligación de resguardarlos, lo que es una obligación positiva, la cual implica la intervención del Estado a fin de impedir las violaciones de los Derechos Humanos contra individuos y grupos; y por último, la obligación de realizarlos, que lo obliga a adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los Derechos Humanos básicos. Luego, si infringe tales obligaciones, nace la consecuencia de reparación, la que es de carácter compensatoria, la que debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y el daño sufrido, estableciendo la sentencia que existe prueba suficientes para acreditar el daño moral que padeció la actora".
 
Por tanto, se resuelve que: "se revoca la sentencia apelada dictada por el Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago en la causa rol C-17.056-2018, en aquella parte que acogió la excepción de prescripción y, en su lugar, se decide:
I.- Que se rechaza la excepción de prescripción alegada por el demandado.
II.- Que se acoge la demanda, quedando condenado el demandado Fisco de Chile, al pago de una indemnización ascendente a $100.000.000 (cien millones de pesos) en favor de la actora, suma que se incrementará con los reajustes que se produzcan desde que quede ejecutoriada esta sentencia conforme a la variación que en el período experimente el Índice de Precios al Consumidor, y, así reajustada, se le adicionarán los intereses corrientes que se devenguen desde que se notifique el decreto que mande cumplir este fallo".

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