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Juzgado de Santiago ordena al fisco pagar indemnización a víctima de tortura y relegación

El Duodécimo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $100.000.000 (cien millones de pesos) a Pablo Fernando González Bustos, quien fue detenido ilegalmente en 1975, sometido a torturas en diversos centros de detención y, finalmente, relegado a Ancud, donde permaneció hasta agosto de 1978.

Nacional 27 de mayo de 2020 El Universal El Universal
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El Duodécimo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $100.000.000 (cien millones de pesos) a Pablo Fernando González Bustos, quien fue detenido ilegalmente en 1975, sometido a torturas en diversos centros de detención y, finalmente, relegado a Ancud, donde permaneció hasta agosto de 1978.

En la sentencia (causa rol 34.288-2018), la magistrada María Sofía Gutiérrez Bermedo acogió la demanda presentada y rechazó las excepciones de pago y de prescripción de la acción civil, deducidas por el fisco.

"Que, se debe considerar asimismo, que la Ley 19.123, surge del reconocimiento de la responsabilidad que le cabe al Estado, por el daño causado por sus agentes durante el periodo de represión política. La misma ley contempla diversos mecanismos de reparación, los que sin embargo, no pueden considerarse como finales o únicos y no obsta a que individualmente cada una de las victimas reconocidas por el Estado, persiga una reparación por daño moral, que aminore en alguna medida el daño sufrido por agentes del Estado, en el concierto de una política de Estado", sostiene el fallo.

La resolución agrega que: "estas consideraciones impiden acoger la tesis Fiscal, que se asila en que el demandante ya fue indemnizado en virtud de las leyes de reparación con arreglo a la ley N° 19.992, dado que resulta inconciliable con el derecho internacional humanitario considerando que la responsabilidad del Estado frente a violaciones de los Derechos Humanos, siempre queda sujeta a las reglas de Derecho Internacional".

"Asimismo, teniendo presente que las leyes reparatorias sólo introducen un régimen de pensiones asistenciales, que no resultan incompatibles con la indemnización por daño moral que por esta vía persigue el demandante. Razones todas que llevan a desestimar la excepción de pago, como se dirá", añade.

"(…) de acuerdo a lo razonado con antelación –continúa–, frente al delito de lesa humanidad no resultan aplicables las normas de prescripción contenidas en el Código Civil, dado el carácter de imprescriptibilidad de la acción penal, de lo que deriva que la acción civil, emanada de un delito de lesa humanidad no puede disociarse del carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad, por cuanto estaríamos aplicando las normas de prescripción del derecho Internacional sobre Derechos Humanos, a la acción penal y para la acción civil, las normas del derecho privado interno, cuestión que resulta incoherente en la lógica del ordenamiento jurídico, razones todas que llevan a esta sentenciadora a rechazar la excepción de prescripción opuesta por la defensa del Fisco de Chile".

Por tanto, se resuelve que: "Que, se rechazan las excepciones de pago, excepción de prescripción, opuesta por el Fisco de Chile y, en consecuencia se acoge la demanda deducida a lo principal de folio 1, en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar al demandante don PABLO GONZÁLEZ BUSTOS, la suma de $100.000.000 (…). Que, se condena en costas al demandado por haber resultado totalmente vencido". 

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