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Corte Suprema ordena al Registro Civil eliminar anotaciones penales

La Corte Suprema acogió recurso de protección y ordenó al Servicio de Registro Civil e Identificación eliminar las anotaciones penales del extracto de filiación y antecedentes del recurrente, tal como resolvió el Primer Juzgado Civil de Concepción.

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La Corte Suprema acogió recurso de protección y ordenó al Servicio de Registro Civil e Identificación eliminar las anotaciones penales del extracto de filiación y antecedentes del recurrente, tal como resolvió el Primer Juzgado Civil de Concepción.
 
En la sentencia (causa rol 31.861-2019), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Mario Gómez, Jorge Zepeda y el abogado integrante Julio Pallavicini– estableció el actuar arbitrario e ilegal del servicio recurrido al no dar cumplimiento a una orden emanada de un tribunal de la República.
 
"Que, sin embargo, no es posible soslayar que el régimen establecido en el artículo 38 de la Ley N° 18.216 es especial en un doble sentido: a) en primer término, porque sólo resulta procedente respecto de aquellas personas que han sido sometidas a penas sustitutivas y alternativas a una pena privativa de libertad; y b) en segundo lugar, porque a diferencia de las reglas contenidas en el D.L. N° 409 y en el D.S. N° 64, el legislador innovó incorporando a los tribunales ordinarios o especiales con competencia penal, para los efectos de ordenar al Servicio de Registro Civil e Identificación la eliminación o la omisión de antecedentes penales, según corresponda. Lo anterior es relevante, toda vez que en los textos citados se emplean las expresiones ‘solicitante' e ‘interesado', sin incluir como sujeto activo a la judicatura, y sin perjuicio de las actuaciones oficiosas que se encomiendan al servicio en ciertos casos especiales", explica el fallo.
 
La resolución agrega que: "Además, la regulación contenida en el artículo 38 de la Ley N° 18.216 es autónoma frente al sistema general de omisión y eliminación de antecedentes, contenido en el Decreto Ley N° 409 y en el Decreto Supremo N° 64, cuestión que se evidencia no sólo por lo expuesto más arriba, sino también porque el procedimiento establecido por el legislador es diferente e incluye, como se dijo, a la judicatura".
 
"(…) de la manera en que se reflexiona, aparece que la interpretación del recurrido no puede ser acogida, toda vez que la ‘eliminación definitiva de los antecedentes prontuariales' establecida en el inciso tercero del artículo 38 de la Ley N° 18.216, al ser especial y autónoma respecto de la reglamentación contenida en el D.L. N° 409 y en el D.S. N° 64, no lleva consigo, necesariamente, la destrucción del prontuario, por lo que la regla contenida en el inciso final del mismo precepto legal sigue teniendo plena aplicación para los casos allí consignados", añade.
 
"En consecuencia –continúa–, la ‘destrucción' material y definitiva del prontuario en los casos a que se refiere el artículo 38 de la Ley N° 18.216, continúa rigiéndose por los artículos 9 y 10 del D.S. N° 64 de 1960, pero el Servicio de Registro Civil e Identificación está obligado a dar cumplimiento a la orden de eliminación de antecedentes penales que los tribunales con competencia penal le impartan, conforme a la primera de las normas citadas".
 
"(…) por consiguiente, al negarse el recurrido a dar cumplimiento a una orden emanada por un Tribunal de la República con competencia penal, ha incurrido en un acto que infringe el artículo 38 de la Ley N° 18.216, siendo, por tanto, ilegal y arbitrario, vulnerándose con ello la garantía de la igualdad ante la ley establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, puesto que ha dado al recurrente un trato diferenciado respecto de otras personas que, cumpliendo con los requisitos legales, han podido optar a la eliminación de sus antecedentes prontuariales, por lo que el recurso será acogido", sentencia.
 
Por tanto, se resuelve que: "revoca la sentencia apelada de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, y en su lugar se acoge el recurso de protección deducido, sólo en cuanto se ordena al Servicio de Registro Civil e Identificación dar estricto cumplimiento a la orden del Primer Juzgado Civil de Concepción contenida en el Oficio N° 194 de 18 de febrero de 2019, eliminando las anotaciones respectivas del prontuario del recurrente en el plazo de 10 días desde que este fallo quede ejecutoriado, sin perjuicio de lo expuesto en el considerando noveno de este fallo".

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