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Corte confirma fallo que declaró incobrable deuda con la Tesorería General de la República

La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió recurso de protección y ordenó a la Tesorería General de la República declarar como incobrable una deuda tributaria de un contribuyente cuyo nombre fue utilizado en una estafa.

Nacional 18 de mayo de 2020 El Universal El Universal
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FOTO: @PJudicialChile

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La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió recurso de protección y ordenó a la Tesorería General de la República declarar como incobrable una deuda tributaria de un contribuyente cuyo nombre fue utilizado en una estafa.
 
En fallo unánime (causa rol 38.773-2019), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Mario Gómez, Jorge Zepeda y el abogado integrante Julio Pallavicini– confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, con declaración que la recurrida no podrá seguir adelante con el procedimiento ejecutivo, y dejó sin efecto la resolución que rechazó la petición de declarar incobrable la deuda. 
 
"Que en ese contexto jurídico, resulta que la resolución de 12 de agosto de 2019 que negó lugar a la petición de incobrabilidad de la deuda, si bien no es ilegal en tanto se funda en el tenor literal del número 7 del artículo 196 del Código Tributario, sí resulta ser arbitraria, toda vez que carece de razonabilidad seguir adelante con la ejecución respecto de un deudor de quien se tiene información manifiesta y fidedigna de que no posee injerencia ni vinculación alguna con las maniobras dolosas ejecutadas por terceros, y que son, en definitiva, las que causaron el perjuicio fiscal, mismo que en parte se ha visto resarcido con las penas corporales y pecuniarias impuestas a los sentenciados por los tribunales competentes", plantea el fallo.
 
Resolución que agrega: "En este sentido, la Administración no ha ponderado comparativamente los intereses en contacto y ha decidido, contraviniendo la prudencia y la razonabilidad, seguir adelante con la ejecución, sin adecuar su acción al fin de interés público tutelado, pese a que el Legislador le otorga al Tesorero General de la República la posibilidad de suspender el procedimiento de apremio en casos calificados como el que nos ocupa".
 
"La arbitrariedad es más patente aún, si se considera que la declaración de incobrabilidad del crédito en la hipótesis del N° 7 del artículo 196 del Código tributario no implica necesariamente renunciar al pago de la obligación, sino sólo decretar la suspensión del procedimiento de apremio; sin perjuicio, claro está, de la prescripción de la deuda conforme al inciso final del artículo 197, en relación con los artículos 200 y 201 del mismo cuerpo legal", añade.
 
Para la Tercera Sala: "de lo señalado precedentemente, queda de manifiesto que la recurrida incurrió en un acto arbitrario, que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, pues ha dado un trato diferenciado al recurrente respecto de otros contribuyentes a quienes sí ha aplicado la norma contenida en el numeral 7 del artículo 196 del Código Tributario, ejerciendo la potestad discrecional de una manera extraviada y alejada por completo de la ratio legis y de la intención del legislador. Además, en las condiciones anotadas, el cobro de una deuda originada el año 2011 perturba y amenaza el derecho de propiedad del recurrente, desde que la continuación del procedimiento ejecutivo supone el cumplimiento forzado de la obligación y, con ello, la amenaza directa e inminente sobre el patrimonio del deudor por la vía del embargo y posterior enajenación forzada de sus bienes".
 
Por tanto, se resuelve que: "se confirma la sentencia apelada de dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, con declaración que la recurrida no podrá seguir adelante con el procedimiento ejecutivo en el expediente administrativo Rol N° 10.530-2012 de la Tesorería Provincial de Ñuñoa, respecto de don Luis Iván Loyola Osorio, dejándose sin efecto la resolución de doce de agosto de 2019 que rechazó la petición de declarar incobrable la deuda. En consecuencia, el procedimiento de apremio quedará suspendido hasta que el Tesorero General de la República o quien lo subrogue, resuelva personalmente la solicitud planteada por el actor con fecha 7 de febrero de 2019, por medio de un acto administrativo fundado, el que deberá hacerse cargo de las disquisiciones contenidas en el presente fallo".

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