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Juzgado decreta prohibición de acercarse a templo, para pastor evangélico imputado por poner en riesgo la salud pública

El Juzgado de Garantía de Talcahuano decretó hoy –domingo 17 de mayo– las medidas cautelares de arraigo nacional y de prohibición de acercarse a las dependencias de Iglesia Evangélica Pentecostal de Hualpén a efectuar actividades con aglomeración de personas, en contra del pastor  Néstor Gabriel Riveros Ortega, imputado por el Ministerio Público como autor del delito de poner en peligro la salud pública en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. Ilícito perpetrado este sábado, en la comuna de Hualpén.

Nacional 18 de mayo de 2020 El Universal El Universal
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El Juzgado de Garantía de Talcahuano decretó hoy –domingo 17 de mayo– las medidas cautelares de arraigo nacional y de prohibición de acercarse a las dependencias de Iglesia Evangélica Pentecostal de Hualpén a efectuar actividades con aglomeración de personas, en contra del pastor  Néstor Gabriel Riveros Ortega, imputado por el Ministerio Público como autor del delito de poner en peligro la salud pública en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. Ilícito perpetrado este sábado, en la comuna de Hualpén.

En la audiencia de formalización de la investigación (causa rol 2.136-2020, realizada por videoconferencia), la magistrada Antonia Godoy Medina, acogió la petición del ente persecutor –con la aceptación de la defensa- y decretó las cautelares pedidas.

Según la información conocida en la audiencia,  alrededor de las 19: 40 horas de ayer –sábado 16 de mayo- en la Iglesia Evangélica Pentecostal, ubicada en calle Puerto Octay en la comuna de Hualpén, el imputado Riveros Ortega desarrolló un culto con una congregación de alrededor  de 50 personas, vulnerando  la prohibición impuesta por el Seremi de Salud que desde el 23 de marzo pasado impedía la realización de actos religiosos en la región, poniendo en riesgo la salud pública y de las personas que asistieron a la ceremonia, entre ella mayores de 70 años y niños.

Asimismo, declaró ilegal la detención efectuada por Carabineros, detallando que "no se le puede exigir conocimiento y cumplimiento a terceros que no son parte de un proceso sobre una resolución tomada por la Corte de Apelaciones de Concepción", expresó la jueza Godoy, en relación al dictamen del tribunal de alzada que prohibió el desarrollo de actividades religiosas permitidas por la Seremi de Salud.

La magistrada fijó el plazo de investigación en dos meses.

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