Estudio revela desigual acceso a la justicia en salud

Un estudio realizado por el movimiento ciudadano Salud Libre evidenció una triste realidad: la Justicia está favoreciendo actualmente más a los usuarios de una isapre, que reclaman por alzas en los valores de sus planes, que a los usuarios de Fonasa, que exigen ser atendidos y que se cumplan los plazos GES, lo que pone en riesgo su vida.

Mientras el 90% de juicios terminan a favor de los usuarios de isapre que presentan sus reclamos, en el caso de afiliados a Fonasa, que acoge 15 millones de chilenos de menores ingresos, apenas el 10% favorece a los pacientes y el 90% son rechazados.

Las Garantías Explicitas en Salud (GES) fueron concebidas desde un principio como un compromiso del Estado de Chile para construir un sistema de salud universal. La creación de un conjunto de garantías iguales para los afiliados de Fonasa e Isapre prometía ser la base para ejercer la igualdad en el acceso a la salud consagrada en la constitución.

Sin embargo, como ha sido demostrado en múltiples análisis e incluso la propia información oficial de Ministerio de Salud, para el sistema público ha sido imposible cumplir con la ley, especialmente en lo que se refiere a la garantía de oportunidad.

En el 2019 la lista de espera de incumplimientos GES ya se había triplicado llegando a 19.653 casos. Para 2021, la cifra había aumentado a más del doble, llegando a 47.261 personas con incumplimientos, evidencia el análisis de Salud Libre.

En marzo de 2022 esta nefasta cifra subió a 62.848 casos. Para marzo 2023 se observa una leve baja llegando a 62.049 casos, sin embargo, muy lejos de los niveles previos a la pandemia.

“Hemos normalizado la existencia de la lista de espera GES a un nivel de complacencia con el Estado que nos ha llevado a olvidar que en el fondo se trata del incumplimiento de una ley de la República. Es más, las mismas Cortes de Apelaciones no han considerado ilegal el actuar del Fonasa al denegar o retrasar el acceso a segundo prestador, siendo una materia clara en la ley y el reglamento”, explica Victoria Beaumont, fundadora del movimiento Salud Libre.

Riesgo de vida vs valor del plan

Y si bien los retrasos GES son en sí mismo un grave problema para los pacientes, peor aún es el análisis a cómo la justicia hoy establece diferencias evidentes entre personas de Fonasa e Isapre, explica Beaumont. “Hoy vemos que la justicia está más ocupada de aprobar reclamos de dinero de los afiliados de isapre que de defender la vida de quienes sufren en las listas de espera de la salud pública”, indica Beaumont.

“Entre el 2021 y hasta junio del 2023, fueron ingresados 214.374 recursos de protección correspondientes a GES en las Isapre, por el alza del precio. En el mismo período de tiempo sólo ingresaron 250 recursos contra Fonasa en las Cortes de Apelaciones y, de estos, sólo 10 corresponden a incumplimiento de las garantías GES. En estos casos, la materia del recurso es la denegación del segundo prestador, frente al incumplimiento del plazo de atención por parte del sistema público de salud”, señala la experta.

“Esta realidad perpetúa la inequidad en el sistema de salud, pues los afiliados de Isapre encuentran rápida respuesta a su reparación por alza de precio, mientras pacientes de Fonasa se topan con miles de trabas para que se cumplan los plazos de acceso a las prestaciones garantizadas por ley”, afirma.

Lo llamativo es la forma como fallan las cortes, precisa la fundadora de Salud Libre. “De los 10 recursos presentados contra Fonasa por materias relacionadas con las GES, sólo 1 de ellos fue acogido. Recién después de 6 meses de tramitación y 2 años de espera logró que la corte condenara a Fonasa a designar un segundo prestador”, agrega.

De los 6 rechazados, en 4 de los casos las cortes estimaron que no existió actuar arbitrario o contrario a la Ley por parte de Fonasa, pese a demostrarse los plazos vencidos y en otros 2 casos los rechazos se debieron al fallecimiento del beneficiario.

Finalmente, el caso que se declaró inadmisible (se presentó en dos ocasiones), la Corte de Apelaciones de Valparaíso indicó que tanto los procedimientos médicos y la oportunidad de atención responden a criterios de la autoridad de salud que se estructuran en base a la administración de los recursos humanos y económicos de que dispone frente a las necesidades de las personas, cuestión que, a la larga, dice relación con políticas públicas en las cuales no cabe a los tribunales intervenir.

Este criterio, no ha aplicado en los casos que sí está perdiendo el Fonasa y que corresponden a materias de medicamentos que no cuentan con cobertura en el sistema público y que ha obligado al Estado a pagar altas sumas de dinero.

“No se comprende entonces por qué frente a los incumplimientos de plazos de atención en prestaciones garantizadas y con protocolos estipulados en ley y reglamentos, los tribunales consideran que no existe ilegalidad, dejando a los afiliados de Fonasa sin poder ejercer su derecho a recibir la atención en los plazos estipulados, permaneciendo en las listas de espera, ni pudiendo reclamar efectivamente por la denegación de segundo prestador. Lo anterior mientras existe un comprobado deterioro en la salud, pues la gran mayoría de estos casos son pacientes de cáncer”, sentencia Beaumont.

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