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La aceleración de los proyectos de energía renovable en Chile

A inicios de abril la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que aumentará la participación de las energías renovables en el sistema eléctrico.

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile dio luz verde al proyecto de ley que busca aumentar la participación de las energías renovables no convencionales (ERNC) en el sistema eléctrico nacional.

La iniciativa, que pasó al Senado para su segundo trámite constitucional, establece metas progresivas de generación e inyección de ERNC al 2030 y fomenta la implementación de sistemas de almacenamiento y generación distribuida.

Según el proyecto aprobado, los contratos de suministro eléctrico firmados a partir del 1 de enero de 2023 deberán contar con un 25% de ERNC al año 2023, y este porcentaje se incrementará un 5% anualmente hasta llegar al 60% en 2030.

Además, las empresas generadoras o que posean sistemas de almacenamiento estarán obligadas a comercializar ERNC al menos en un 40% en cada bloque temporal dentro del día.

El ministro de Energía, Diego Pardow, valoró este avance legislativo como un paso importante para la transición energética y la descarbonización del país. “Este proyecto es muy importante para seguir limpiando nuestra matriz eléctrica y fomentando la participación de los ciudadanos y de los municipios en este tipo de proyectos de energías renovables”, dijo.

Fomentar la generación es el foco

El proyecto también busca incentivar la generación distribuida y las comunidades energéticas, permitiendo que las municipalidades puedan desarrollar proyectos de este tipo sin la exigencia de ser propietarios del sistema.

Asimismo, el proyecto perfecciona la obligación del Coordinador Eléctrico Nacional de contar con sistemas de información para el seguimiento y registro de trazabilidad de la energía eléctrica “verde” que se comercialice en el Sistema Eléctrico Nacional.

Desde el sector energético se vio con buenos ojos la iniciativa, pero se advirtió que no es suficiente para resolver los problemas actuales del sistema, como la saturación de la transmisión, los costos marginales cero y la insolvencia de algunas empresas.

Carlos Finat, asesor en KAEL Consultores, señaló en Energía Estratégica que se tendría que aclarar bien el origen y el tratamiento de la energía proveniente de sistemas de almacenamiento, para que sea consistente con el objetivo de impulsar las ERNC.

Chile, comprometido con la descarbonización y la carbono neutralidad

El proyecto de ley que impulsa las energías renovables se enmarca en el compromiso de Chile con la descarbonización de su matriz energética y la carbono neutralidad al 2050. Para ello, el país ha trazado una ruta que contempla el retiro progresivo de las centrales de carbón, el fomento de la eficiencia energética y la electromovilidad.

En 2019, Chile acordó cerrar todas las centrales de carbón al 2040, pero este calendario se ha ido acelerando y se espera cerrar el 50% de las centrales en 2025. El retiro del carbón implica la incorporación de nuevas energías limpias, como la solar y la eólica, que ya representan el 36,7% de la capacidad instalada del país.

La eficiencia energética también es clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En esta línea, la Ley de Eficiencia Energética, promulgada en 2020, establece medidas para mejorar el uso racional de la energía en los sectores residencial, industrial, comercial y público. Se estima que esta ley permitirá una reducción de 28,6 millones de toneladas de CO2 al 2030.

Otro aspecto fundamental para la transición energética es contar con una infraestructura adecuada para transmitir la energía generada por las fuentes renovables desde los lugares donde se produce hasta los centros de consumo.

Esto implica ampliar y reforzar el sistema de transmisión, con extensas líneas de alta tensión como Kimal-Lo Aguirre o la que Transelec se apronta a construir en Los Lagos, e incorporando tecnologías inteligentes que permitan gestionar la intermitencia y variabilidad de estas fuentes. Además, se requiere una mayor coordinación entre los agentes del sector eléctrico y una regulación que incentive la inversión y la competencia.

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