Cámara de Diputadas y Diputados despacha a ley el proyecto Nain-Retamal

 El Congreso chileno aprobó el miércoles el proyecto de ley que aumenta las atribuciones de Carabineros (policía militarizada), entregándoles, entre otras facultades, una presunción legal de legítima defensa al disparar.

“La Cámara respalda las modificaciones del Senado al proyecto que fortalece y protege el ejercicio de la función policial y de Gendarmería de Chile, se despacha del Congreso la ley Naín-Retamal“, consignó el Congreso a través de un comunicado.

La iniciativa contó con el voto de parlamentarios de todos los sectores políticos en su último trámite legislativo en la Cámara de Diputados; aunque en un comienzo había reticencia del oficialismo, el Gobierno llegó a un acuerdo con sus diputados y con la oposición para modificar los aspectos más polémicos del proyecto.

El oficialismo, por su parte, cedió y aceptó crear la presunción de legítima defensa privilegiada para Carabineros al momento de causar daños en el ejercicio de sus funciones, y la derecha concedió que se agregaran algunas modificaciones a este articulado, por ejemplo, que el carabinero debe defenderse sólo cuando se ve afectada su integridad física y no la de su equipamiento o bienes materiales de la vía pública.

El proyecto ya fue aprobado por ambas cámaras en el Congreso y sólo resta la firma del presidente Gabriel Boric para su promulgación y posterior entrada en vigencia.

La ley Naín-Retamal, bautizada así en homenaje a dos carabineros asesinados, establece la pena de presidio perpetuo calificado por el delito de homicidio a un carabinero; aumenta los castigos contra quienes agredan, hieran, golpeen, maltraten, castren o mutilen a un policía, un detective o un gendarme; obliga al Ejecutivo a dotar de más equipamiento a las policías; castiga en específico el lanzamiento de bombas molotov contra vehículos policiales y establece la legítima defensa privilegiada.

El Partido Comunista y el Frente Amplio confirmaron que llevarán al Tribunal Constitucional la recién aprobada ley “Naín-Retamal”, que, entre otros aspectos, permite la legítima defensa privilegiada de las policías.

Así lo confirmó el diputado Boris Barrera (PC), quien explicó que “creemos de que si bien se puede decir de que este proyecto avanza en algunas cosas, creemos que no cumple los objetivos, y por eso es que denunciamos aquí que la derecha solamente ha hecho de esto casi pirotecnia, porque creemos que no cumple lo que dice que va a cumplir. Yo les quiero decir a todos: mañana nada va a cambiar con esta ley, que no los engañen“.

En esta línea, aseguró que “el problema aquí es la lucha contra el crimen organizado, contra los narcotraficantes, con los que tienen las armas”, por lo que planteó que “tenemos que fortalecer la inteligencia, tenemos que perfeccionar más a las policías para poder atacar a ese crimen organizado antes de que se enfrente a Carabineros”.

“Por eso es que vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, porque hay artículos que nos han dado alerta de todos los sectores expertos, constitucionalistas, criminalistas, desde organismos internacionales que no solamente han hablado de la forma en que se ha legislado, de manera tan rápida, sin escuchar a los expertos; que hay experiencia internacional que dicen que esto pone en riesgo a las personas, y también la institución“, recalcó.

Con esta acción, puntualizó el parlamentario comunista, buscar ir “por esos artículos que ponen en riesgo a las personas, a las instituciones y van en contra de la Constitución, por ejemplo, le quita la atribución a los jueces de que puedan dictar sentencia de acuerdo a un rango establecido y las dejan solamente en el rango máximo, lo cual es contrario a cualquier Estado de Derecho”.

Por su parte, la presidenta de Revolución Democrática (RD), la diputada Catalina Pérez, fustigó que “pese a todos los esfuerzos desplegados por el Ejecutivo en el Senado, que lograron mejorar bastante de las aberraciones que la Comisión de Seguridad del Senado buscaba aprobar -entre esas, la falta de responsabilidad del mando, por ejemplo-, mantenemos el corazón de algo que nos preocupa muchísimo, que es la legítima defensa privilegiada“.

En esta línea, Pérez expresó su temor de que esta atribución sigue “sin dar una garantía adecuada para el adecuado acceso a la justicia no de narcotraficantes o delincuentes, sino que de ciudadanos y ciudadanas”.

“Además, creemos que hay determinadas normas que incluso hoy día presentes en otras legislaciones son constantemente objeto de recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Por tanto acá ocurre algo muy grave: le estamos diciendo a la ciudadanía que se va a poder aplicar una norma que actualmente en otra legislaciones no se puede aplicar, y por lo mismo nosotros esperaríamos que hubiese una legislación honesta, vamos a llevar estas normas al Tribunal Constitucional para que se aclare la pertinencia”, acotó la diputada oficialista.

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