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Cámara aprobó régimen penal efectivo mayor por delitos graves en contra de menores de 7 años.

La iniciativa, despachada a segundo trámite, está planteada para condenados por cinco tipos de delitos que, por su gravedad, exigen un estándar mayor de cumplimiento de pena efectiva. De tal modo, la propuesta limita la posibilidad de salir con régimen de libertad condicional.

“Tolerancia cero” respecto de quienes vulneran la inocencia y la integridad física y psíquica de niños, niñas y adolescentes es la motivación del proyecto (boletín 11723) aprobado hoy por la Sala de la Cámara, en general y en particular, por 119 votos a favor, 1 en contra y 27 abstenciones, y despachado a segundo trámite, al Senado.

La propuesta nació como una moción de las/los diputada/os Camila Flores (RN), Jorge Alessandri (UDI), José Miguel Castro (RN), Juan Antonio Coloma (UD) y Andrés Longton (RN). También la suscribieron los exdiputados Marcela Sabat, Luciano Cruz-Coke, Gonzalo Fuenzalida y René Saffirio.

En concreto, se agrega una nueva consideración a un artículo del Código Penal. Este impone un régimen especial de cumplimiento de reglas para quienes cumplen la pena de presidio perpetuo calificado.

Particularmente, se indica que solo se concederá la libertad condicional una vez transcurridos 60 años de privación de libertad efectiva, cuando la víctima fuese un niño menor de siete años y respecto de los siguientes delitos:

  • Secuestro calificado (artículo 141 inciso final).
  • Sustracción de menores por rescate o lesiones graves (artículo 142 número 1).
  • Tortura con homicidio (artículo 150 B número 1).
  • Violación con homicidio (artículo 372 bis).
  • Parricidio (artículo 390).

 

Luego, se efectúa una adecuación normativa a la Ley de Libertad Condicional, en orden a incorporar la disposición recién mencionada.

Fundamentos y debate

La propuesta tuvo como motivación el llamado de la propia sociedad civil. Ello, tras la lamentable ocurrencia de variados crímenes que afectaron a menores de edad.

Entre los casos más renombrados se recuerdan en el informe los de Ámbar (16 años), Almendra (3 años) y Sophie (un año 11 meses). Las primeras dos torturadas y asesinadas por las parejas de sus madres, la tercera, por su propio padre.

En el debate, todas las opiniones apoyaron la propuesta y remarcaron la necesidad de proteger a los menores de edad. Asimismo, varios recordaron que tuvo su origen en el sentir de la sociedad civil, afectada por casos como los recién mencionados.

Se resaltó la necesidad de que estos crímenes tengan una pena aflictiva real, prolongada, que de cuenta de la gravedad del crimen cometido. De igual modo, se recordó que esta ley impedirá que los delincuentes sean objeto de beneficios carcelarios, tan cuestionados hoy en día.

Otras miradas pusieron de relieve el problema del hacinamiento carcelario y la falta de una política fuerte de rehabilitación. En tal plano, se llamó al Ejecutivo a avanzar en la materia y a concretar un Tribunal Ejecutor de Penas. Igualmente, se pidió más educación y creación de cultura de convivencia social.

Por último, se estimó necesario aumentar el rango de edad de las víctimas de los 7 a los 14 años.

Intervinieron Cristhian Moreira (UDI), Carmen Hertz (PC), Erika Olivera (IND), Daniel Lilayu (UDI), Johannes Kaiser (PREP), Nelson Venegas (PS), Juan Antonio Coloma (UDI), Camila Musante (IND), Hugo Rey (RN), Cristián Araya (PREP), Álvaro Carter (UDI), Diego Schalper (RN) y Juan Carlos Beltrán (RN).

 

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