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Defensa de Presidente Piñera sostiene que acusación es una maniobra política

El abogado y representante del primer mandatario, Jorge Gálvez, insistió en que el libelo acusatorio es infundado, al momento de sostener los argumentos de la defensa ante la sala.

“Tengo el enorme honor de alegar en representación del Presidente de la República y solicito desde ya rechazar esta infundada acusación constitucional”.

Así comenzó su alocución el abogado Jorge Gálvez, representante del Presidente de la República Sebastián Piñera, quien desestimó la procedencia del texto en sus alegaciones de hecho y de derecho.

El profesional fue categórico al cuestionar no solo el tenor de la acusación constitucional, sino que también la forma en la que se dio el debate en sala, tras las casi 15 horas de exposición del diputado acusador, Jaime Naranjo.

“El carácter de maniobra de esta acusación no es ni siquiera disimulado… nada de lo ocurrido en esta sala acerca a la ciudadanía a la política, sino que por el contrario profundiza la desconfianza”, expresó.

Jorge Gálvez Abogado de Piñera 2dd7_h

Cuestionamientos al libelo

El abogado Gálvez sostuvo que el documento tiene, en sus fundamentos, una serie de falencias de forma. Precisó al respecto que no se puede hacer caso a una acusación constitucional cuando esta invita a hacer solo un juicio político. Criticó que se dejara de lado las consideraciones jurídico – constitucionales.

Asimismo explicó que la responsabilidad punitiva debe considerarse por actos cometidos por el acusado y no por otros. Debe tratarse de hechos propios, directos y controlados, no de hechos de terceros o de familiares

A ello se agrega que el texto no hace referencia a causales o hechos específicos, sino que meras conjeturas, que tratan de trasladar la carga de la prueba en la defensa.

“Deben considerarse los principios de legalidad, culpabilidad y debido proceso; ninguno ha sido respetado en esta acusación”.

Gálvez indicó además que se vulnera el principio de última ratio porque se acusó para investigar. Se atribuyó a la persona del presidente un determinado hecho sin la existencia de pruebas; “lo que correspondía, si existían dudas, era utilizar otros mecanismos como por ejemplo una comisión investigadora. Primero hay que investigar y luego acusar; pero claro, una comisión investigadora no tiene el efecto electoral que tiene una acusación”.

El jurista señaló además, que la acusación generaría responsabilidad internacional para el Estado de Chile, al vulnerar los derechos humanos del acusado. Esto al perseguir su inhabilitación por 5 años, sobre la base de hechos no comprobables.

Agregó que la acusación se basa en hechos ocurridos en el anterior periodo presidencial. Por tanto, se trata de situaciones no susceptibles de fundar las causales que se determinan.

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