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Política

Sala rechazó veto del Ejecutivo a estatuto de los profesionales de la educación

Las observaciones supresivas del Presidente no reunieron el respaldo de diputadas y diputados, pero si la insistencia del texto aprobado anteriormente por el Congreso Nacional que requería 2/3 de los votos presentes. Ahora, el veto presidencial será revisado por el Senado.

La Sala de la Cámara rechazó las observaciones del Presidente de la República al proyecto que modifica la ley que aprueba el estatuto de los profesionales de la educación en diversas materias de orden laboral (boletín 11780).

Cabe recordar que dicho marco normativo se despachó a ley desde el Congreso Nacional el 9 de septiembre pasado. Solo faltaba su promulgación para finalizar su trámite. Sin embargo, se presentó un veto supresivo.

Las diferencias del Ejecutivo apuntaban a las siguientes materias, todas ellas incorporadas en el Senado:

  • Las semanas de vacaciones de invierno legales de las y los docentes.
  • El perfeccionamiento para actividades inscritas solo en el Registro Nacional del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP).
  • Suprimir la eliminación de la causal de despido por malos resultados reiterados en la evaluación docente.
  • Eliminar que los profesores a punto de jubilar que se hayan eximido del proceso de evaluación docente puedan acceder a los bonos post laboral y de incentivo al retiro. En este punto, se buscaba que se otorgue cuando dejen la dotación docente.
  • Finalmente, se suprimía un artículo transitorio que establecía un beneficio por encasillamiento. Este  permitía a los profesores elegir el mejor resultado de portafolio (2015 o 2019) junto a la Prueba de Conocimientos Específicos y Pedagógicos 2019. También abría la posibilidad de rendir nuevamente la prueba antes de una nueva evaluación.

 

Así lo explicó en la sesión el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Especificó que el veto no quitaba beneficios vigentes a los profesores. Sostuvo que mantenía reglas de calidad de la educación y buscaba eliminar discriminaciones arbitrarias entre docentes y respecto de otros trabajadores.

En las votaciones, el veto fue rechazado en sus cuatro áreas de observaciones. En contraposición, se aprobó la insistencia del texto despachado por el Congreso Nacional, cumpliendo con el quórum de aprobación de más de los 2/3 de los votos presentes.

Ahora, el texto será analizado por el Senado.

Datos de la iniciativa

La iniciativa, que surgió desde una moción de diputados y diputadas, recoge las demandas del Colegio de Profesores de Chile. Ello, en el sentido de fortalecer la dignidad de los profesionales de la educación.

A través de diversas modificaciones se busca mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la educación dependientes de los Departamentos de Administración de Educación Municipal (DAEM) o corporaciones municipales.

Uno de los puntos es incorporar en los contratos vigentes su calidad de titulares a docentes que lleven más de tres años a contrata. Además, facilita la prórroga de los contratos por los meses de enero y febrero.

 Por otro lado, suprime la renuncia irrevocable al cumplir la edad legal para jubilar.

Asimismo, establece la exención del proceso de evaluación respecto de quienes les falten tres años o menos para cumplir la edad de jubilar.

Debate

Luego del informe de la Comisión de Educación, a cargo del diputado Hugo Rey (RN), intervinieron los PS Luis Rocafull y Juan Santana; PPD Cristina Girardi y Rodrigo González; RN Luis Pardo y Ximena Ossandón; DC Mario Venegas; Comunes Camila Rojas; independiente Patricio Rosas; PC Camila Vallejo; RD Marcela Sandoval; y FRVS Alejandra Sepúlveda.

En su mayoría, criticaron que el veto sea supresivo y no aditivo para mejorar el proyecto. Ello se consideró como un freno a la capacidad de diálogo entre el Congreso y el gremio docente, que viene trabajando el proyecto desde 2018.

Con ello, indicaron se busca retrasar el beneficio de la titularidad a miles de profesores que llevan años a contrata y que cada año pueden ser cuestionados por los sostenedores.

Por otra parte, quienes respaldaron lo propuesto por el Ejecutivo, coincidieron en que no se quitan derechos laborales a los profesores. Además, estimaron que se resguarda la calidad educativa. En tal plano, dijeron que no se entiende que se restringa a los establecimientos las posibilidades de capacitación para sus profesores.

Asimismo, refutaron que tampoco se pueda despedir a profesores que en tres evaluaciones docentes obtengan resultados básicos o insuficientes. Es decir, que por 12 años tengan malos resultados.

 

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