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Comisión de Salud aprobó proyectos que prohíben experimentación de cosméticos en animales

En la sesión participaron la Cámara Cosmética de Chile y la ONG Te Protejo, quienes valoraron el alcance de las iniciativas.

Por unanimidad de las y los integrantes presentes, la Comisión de Salud aprobó en general tres proyectos de ley que buscan prohibir la experimentación en animales para la realización de productos cosméticos, así como su importación y comercialización (boletines 1396614180 y 14193).

En esta línea, la instancia acordó que solicitará a la Sala poder refundir las iniciativas para continuar tramitándolas en conjunto.

En términos generales, las mociones establecen la prohibición del uso de animales para la realización de pruebas de seguridad y eficacia de productos cosméticos, de higiene y odorización personal, considerando todos sus ingredientes y formulaciones.

Para eso, los fabricantes deberán utilizar métodos alternativos de pruebas, reconocidos por el Instituto de Salud Pública (ISP).

Además, las mociones establecen multas de 500 a 1.200 UTM (26 a 63 millones de pesos app.) por el incumplimiento de la normativa y penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio (61 días a tres años).

Invitados

En la sesión expusieron representantes de la Cámara Cosmética, quienes valoraron los alcances de las iniciativas. Aseguraron que las industrias que forman parte de la organización -que representan cerca de un 70% del total- no testean en animales.

También participaron representantes de la ONG Te Protejo, que promueve el uso de productos de cuidado personal y aseo no testeados en animales.

En su exposición, señalaron que este tipo de testeos genera la muerte de más de 500 mil animales al año. Además, criticaron que la eficacia de estos es de un 40 a 60%.

Además, argumentaron que el concepto de cruelty free (libre de crueldad) se considera un atributo de las marcas. Esto hace necesaria una regularización en las certificaciones y el uso de logos alusivos.

Finalmente, plantearon también la necesidad de que el Estado fomente la investigación en la materia y que se establezca un plazo de 12 meses desde su aprobación como ley para su entrada en vigencia.

 

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