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Política

CUT respalda establecer un impuesto al patrimonio de personas con más riqueza

A su vez, los representantes de los gremios empresariales como la CPC, Sofofa y Conapyme, manifestaron a la Comisión de Constitución sus críticas a la propuesta, por su eficacia, complejidad para ser implementada o porque generaría una doble tributación.

El grupo parlamentario continuó recibiendo opiniones relacionadas a la reforma constitucional para establecer, por única vez, un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales, destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia (boletín 13.555).

En esta ocasión, recibió a distintos gremios, tanto de trabajadores organizados en la CUT, como de empresarios de distintos rubros representados en la CPC, SOFOFA y CONAPYME.

Cabe recordar que el proyecto presentado por parlamentarios(as) de oposición en junio de 2020 propone una tasa de gravamen de 2,5% a personas domiciliadas en Chile, sobre su patrimonio bruto igual o superior a $22 millones de dólares.

En primer lugar, expuso el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Nolberto Díaz, quien sostuvo que sobre la situación general del país estamos en tiempos urgentes, por el peligro para la salud, el rebrote de casos de Covid-19 y el impacto económico, con la pérdida de puestos laborales para miles de trabajadores.

“Somos partidarios de un impuesto a los súper ricos. El gobierno ha aplicado medidas que aún son insuficientes respecto a la situación que afecta a los chilenos, que es una pandemia sanitaria, de desempleo y miseria”, expresó el dirigente.

Además, Díaz consideró que “llegó la hora de una renta básica universal, que planteamos en marzo de 2020, y para financiarla estamos abiertos a la posibilidad de aplicar un impuesto a las fortunas más ricas de nuestro país”.

Por otra parte, el representante de la CUT señaló que el gobierno ha tenido una política pública equivocada con medidas de rescate, pero los estudios no dicen que los mismos trabajadores han financiado la crisis con recursos de sus propios fondos de pensiones y cesantía, alcanzando una cifra de 34 mil millones de dólares.

Finalmente, indicó que el impuesto a los súper ricos permitiría recaudar 3.900 millones de dólares, de mil 600 personas que poseen riquezas superiores a 22 millones de dólares. Por ello, Díaz cuestionó las críticas que se hacen a las falencias en la determinación de dichas fortunas y cuestionó “cómo no va a ser posible fiscalizar a tan reducido número de contribuyentes”.

Empresariado

En representación de los gremios empresariales, intervinieron desde la Corporación de la Producción y el Comercio, CPC, su  gerente legal, Pablo Bobic, y el director de políticas públicas, Javier Irarrázabal.

Estos expresaron que la multigremial si bien comparte como idea aplicar tributos progresivos donde los que tienen más paguen más, y el contexto de pandemia que aduce el proyecto, cuestionaron las deficiencias de fondo que lo harían inviable.

Entre los puntos mencionados por Pablo Bobic está la inconstitucionalidad del proyecto, por ser materia de exclusiva atribución del Presidente de la República; no respectar los principios de reserva legal y de proporcionalidad de los tributos, y que se destine a un fin específico y no al patrimonio de la nación.

En tanto, Javier Irarrázabal se refirió a aspectos técnicos de la iniciativa, cuestionando el tema del patrimonio bruto, que no exista una precisión en la definición del instrumento, el cálculo de la base imponible; cómo se van a valorizar los bienes personales, la retroactividad de la propuesta y la relación de este gravamen con otros impuestos.

Para ambos representantes de la CPC el objetivo del proyecto de establecer una renta básica de emergencia se ha cumplido por otros medios, por ejemplo, con la instauración del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Señalaron que el gobierno tiene aún recursos disponibles de los 12 mil millones de dólares, fruto del marco de entendimiento, para financiar otras medidas, y se manifestaron de acuerdo en revisar las exenciones tributarias vigentes.

A su vez, desde la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, el secretario general, Rafael Palacios, expresó que el proyecto de ley tiene que tener una visión de largo plazo para lograr una mayor recaudación fiscal e incentivar la inversión para dinamizar la actividad y el crecimiento económico.

Sin embargo, a su juicio, “el impuesto que se propone es ineficiente en comparación con otros tributos porque tiene baja recaudación, que alcanza menos del 1% en países que lo han implementado, dada la compleja implementación y fiscalización. Igualmente, influye en el flujo de capitales”, agregó.

En lo específico, Palacios dijo que la propuesta legal se aplica al patrimonio bruto, lo que no existe en ninguna parte; todos los activos que conforman el patrimonio ya pagaron uno u otro impuesto, por lo que se genera doble tributación, y es un impuesto plano que no tiene una tasa progresiva.

Finalmente, la comisión escuchó al presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Conapyme, Héctor Sandoval, quien consideró que en lo individual y en lo colectivo se requieren más recursos pero no con la instauración de leyes o impuestos que se apliquen una sola vez.

“Más bien, se debe abordar el problema de la elusión y evasión que prolifera, y la competencia desleal. Así, se tendría más recaudación y más tranquilidad, con medidas permanentes y no soluciones parches”, planteó.

Por último, Sandoval consideró que se requiere un subsidio permanente sin exclusiones mientras exista la pandemia, para que las y los trabajadores puedan cumplir con las cuarentenas y no arriesgar sus vidas. “Hay aprobados 12 mil millones de dólares, y el gobierno ha ocupado sólo la mitad”, enfatizó.

 

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